El CGPJ analizará la próxima semana dos informes críticos de la reforma del aborto

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial analizará y votará la próxima semana dos informes críticos sobre el anteproyecto de reforma de la ley del aborto promovida por el Gobierno.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial analizará y votará la próxima semana dos informes críticos sobre el anteproyecto de reforma de la ley del aborto promovida por el Gobierno.

Fuentes jurídicas han informado de que la reunión para reflexionar y estudiar las dos propuestas de informe presentadas por las vocales Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda tendrá lugar, previsiblemente, el próximo 4 de junio.

Sepúlveda es partidaria de retirar el anteproyecto, del que dice que "aleja a España de los países de nuestro entorno y que supone un retroceso en el avance de los derechos y de la igualdad de las mujeres", mientras que Llombart considera que el consejo no debe evaluar la oportunidad del cambio legislativo que se propone en la reforma.

Respecto al contenido de sus documentos, ambas ponentes defienden que el supuesto de anomalía fetal incompatible con la vida se desligue de la afectación de la salud psíquica de la mujer, al entender "que en ese caso no existe conflicto entre los derechos de la embarazada y la protección del concebido".

Asimismo, las vocales del órgano de gobierno de los jueces consideran "suficiente"que los informes médicos exigidos por la reforma antes de la interrupción voluntaria del embarazo sean emitidos por dos médicos distintos del que practique el aborto, sin que sea preciso acudir a un facultativo externo al centro.

Tanto Llombart como Sepúlveda abogan porque la norma garantice que los centros públicos y privados autorizados para la práctica de abortos "dispongan de personal que no ejerza su derecho a la objeción de conciencia".

Ambas vocales señalan que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) avaló el modelo de interrupción del embarazo basado en indicaciones, que la reforma recupera, pero dicen que de ello no cabe deducir la incompatibilidad constitucional del modelo vigente -de plazos e indicaciones-, cuestión sobre la que aún no se ha pronunciado el Constitucional.