El Congreso aprueba la ley para acelerar el fin de las «okupaciones» ilegales

Esta modificación servirá para «acabar con las mafias, que se aprovechan del largo espacio de tiempo que hay desde que se presenta una demanda hasta que concluye, que pueden ser dos años».

El Congreso ha aprobado una ponencia de la Comisión de Justicia para reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y así "acabar con las ocupaciones ilegales de pisos y terminar con las mafias", según la portavoz del PDeCAT, Lourdes Ciuró, que es el grupo impulsor de la medida.

El texto establece que la persona física que sea propietaria o poseedora legítima, las entidades sin ánimo de lucro y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social podrán pedir "la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o una parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento", informa Efe.

Así, se prevé que el desalojo se produzca en menos de 20 días al quedar determinado un procedimiento más rápido.

La modificación, que ha salido adelante con el apoyo del PDeCAT, PNV, PP y Ciudadanos y cuyo texto será enviado al Senado, servirá para "acabar con las mafias, que se aprovechan del largo espacio de tiempo que hay desde que se presenta una demanda hasta que concluye, que pueden ser dos años", ha señalado Ciuró.

El PSOE, aunque formó parte de la ponencia, ha votado en contra de la modificación de la ley, así como Unidos Podemos, que ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, y ERC.

La portavoz socialista, Mar Rominguera, ha recordado que ya se opusieron a la toma en consideración de esta propuesta en relación a la ocupación de inmuebles, porque "se presentó como una alternativa para poner fin a las mafias que ocupan viviendas, pero sin contener medidas concretas contra los extorsionadores, sino contra los ocupantes".

Asimismo, Rominguera considera que ni el texto original ni el reformado garantiza que "quienes ocupan una vivienda por encontrarse en situación de vulnerabilidad tengan garantías de que serán reubicados".

Por su parte, el representante de Unidos Podemos, Rafael Mayoral, ha expresado la intención de su grupo de recurrir la modificación ante el Tribunal Constitucional una vez sea publicada en el BOE.

"Lo de hoy ha sido una vergüenza y un ejercicio de hipocresía. Se ha aprobado un texto que incumple nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", ha manifestado.

Mayoral también ha criticado al PSOE por no querer "asumir su responsabilidad", ya que, ha dicho, "participó de la ponencia y formó parte del acuerdo".

"Cuando ha habido que tomar la decisión concreta de si había o no había alternativa habitacional, se han posicionado claramente con el PP, PNV, Ciudadanos y PDeCAT", ha insistido el representante de Podemos.

Unidos Podemos se ha opuesto a la modificación porque promueve "un procedimiento judicial en el que no hay derecho a la defensa"y "porque no se garantiza la alternativa habitacional de la población vulnerable".

Unidos Podemos recurrirá ante el Constitucional

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha anunciado que llevará ante el Tribunal Constitucional la ley que agiliza los desalojos en ocupaciones ilegales, aprobada este martes por el Congreso y enviada al Senado para continuar su tramitación parlamentaria, según recoge Europa Press.

Durante el debate de la iniciativa en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja y una vez finalizada su votación, en declaraciones a los medios, el diputado de Podemos Rafa Mayoral ha denunciado que recurrirán esta norma según se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Asimismo, ha asegurado que denunciarán las consecuencias que las implicaciones de esta norma, pues ha dicho que ante la ausencia de una alternativa habitacional "se van a violar las obligaciones de España en materia de Derechos Humanos". La ausencia de una garantía habitacional en la norma es, para Mayoral, "un auténtico crimen en un país donde hay 3,5 millones de viviendas vacías, el 20% todas las viviendas vacías en Europa".

Mayoral ha denunciado el "ejercicio de hipocresía"que, a su juicio, han ejecutado los partidos que han respaldado esta norma --PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT, este último autor de la iniciativa-- así como el PSOE, pues ha dicho que, pese a rechazar en Comisión la iniciativa, participó en el acuerdo de ponencia del que resultó la norma aprobada hoy.

Su compañera en el grupo confederal, la portavoz de En Comú, Lucía Martín, ha asegurado que "esta ley no le va a tocar ni un pelo a las mafias que se aprovechan de las personas en situación de vulnerabilidad", y ha criticado que "la primera ley de vivienda que aprueba esta Cámara sea la que va a servir para desahuciar familias y personas vulnerables sin ninguna garantía de realojo".