El Defensor del Pueblo actúa de oficio para investigar la muerte de un interno del CIE de Barcelona

El Defensor del Pueblo ha emprendido actuaciones de oficio para intentar esclarecer la muerte de un hombre de nacionalidad armenia que estaba retenido en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zona Franca, en Barcelona, pendiente de expulsión y que fue hallado sin vida en su celda en la madrugada de este miércoles. La oficina que dirige Soledad Becerril reclama un protocolo de prevención de suicidios para estas instalaciones policiales. Según han informado a Europa Press en fuentes de la Alta Institución, se ha abierto expediente y se ha establecido comunicación tanto con el Ministerio del Interior como con los responsables policiales de la gestión del CIE de Zona Franca a fin de esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte de este hombre que, según han difundido las fuerzas policiales, se había ahorcado.

La Oficina del Defensor del Pueblo viene reclamando sin éxito a la Dirección General de Policía la implantación de un protocolo de prevención de suicidios en los centros de internamiento de extranjeros, donde ha constatado tras numerosas visitas en los últimos años, la "insuficiencia de la asistencia psicológica y psiquiátrica que se presta a los internos"durante su estancia. En respuesta, la Dirección General de Policía alegó que no se implantaban estos protocolos en los Centros de Internamiento porque no son establecimientos penitenciarios y explicó que "periódicamente, se imparten instrucciones a los funcionarios policiales de servicio encaminadas a reducir el riesgo de autolesiones o suicidios por parte de los internos", tal y como recoge el informe 2012.

"La existencia de este protocolo podría minimizar los riesgos de fallecimiento por causa suicida", explicaba en su informe como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura la defensoría del Pueblo en el año 2011, cuando estaba bajo investigación otra muerte similar registrada en el mismo CIE barcelonés. La resolución judicial tras la investigación de aquel caso, ocurrido en 2010, concluyó que el fallecimiento se produjo por causa suicida y que el interno se había ahorcado "tras colgarse con una sábana de una rejilla del techo de su habitación". La asociación de derechos humanos que denunció su caso ante el Defensor del Pueblo sostenía que la adopción de medidas adecuadas "podrían haber evitado su fallecimiento".

Sin embargo, la citada resolución concluyó que no se deducía "ni siquiera de manera indiciaria, la existencia de actitudes de omisión o descuido de los responsables del centro respecto a la situación física o psíquica del finado"porque había sido visitado por un médico diez días antes de suicidarse y el facultativo "no observó problemática significativa". No se pudo tomar declaración a los compañeros de habitación del finado porque ya habían sido expulsados o puestos en libertad y se encontraban en paradero desconocido.

Para el Defensor del Pueblo, es necesario que los internos de los centros cuenten con asistencia médica 24 horas y que dispongan de algún tipo de registro donde consten "de manera fehaciente las demandas"de atención de los internos, para poder comprobar si son satisfechas, tras constatar que era algo inexistente en el CIE de Barcelona. La DGP dijo después que en Zona Franca se había instalado "un libro de acceso libre para los internos, sellado y foliado"para estos fines.