El gasto público en abortos supera los 20 millones al año

Dentro del debate abierto por la reforma de la Ley del Aborto, la financiación de las interrupciones del embarazo supone otro punto a tratar: ¿cuál es el gasto público invertido en este concepto? El senador del PP Luis Peral estima que la cantidad superó los 20 millones de euros «como mínimo». Peral realizó esta estimación basándose en los datos de la Comunidad de Madrid, donde la cantidad alcanzó los 3,9 millones de euros. En opinión del senador, se trata de un «gasto importante» soportado por las comunidades autónomas. Y para hacerse una idea de su dimensión, explicó que la cantidad equivaldría alrededor de 52.000 becas de comedor escolar en un año. Una inversión, apuntó a este diario, que supone en torno a 385 euros por niño.

Con esta comparación, Peral quiere hacer hincapié en las prioridades a la hora de distribuir el gasto público. De hecho, como recuerda, la Comunidad de Madrid aprobó para este curso 2013-2014 la ampliación de la beca de comedor a 41.000 familias, 10.000 más que en el ejercicio anterior, y con una dotación de 14 millones de euros. Mientras, en la Comunidad Valenciana, la Generalitat anunció la concesión de esta ayuda a 88.234 menores, 7.000 beneficiarios más que el pasado año, y con una inversión cercana a los 82 millones de euros. Por otra parte, en Cataluña se concedieron más de 23.000 ayudas, si bien es verdad que se tuvo que rechazar el 43%. En contraposición, el senador no deja de criticar la «falta de transparencia y el oscurantismo» que existe a la hora de conocer las cifras económicas del aborto.

El dato confirma las millonarias cifras que mueve el aborto en nuestro país. Tal como publicó LA RAZÓN, durante los siete últimos años de Gobierno socialista –de 2004 a 2011– las clínicas dedicadas a la interrupción del embarazo ingresaron alrededor de 350 millones de euros. La aprobación de la «ley Aído», que trajo la despenalización del aborto, supuso un alza en su facturación de tres millones de euros. Hay que subrayar, además, que durante la administración socialista, el número de abortos aumentó en un 40%. No en vano, a raíz del anuncio del anteproyecto de ley anunciado el pasado diciembre por el Ministerio de Justicia, las clínicas criticaron duramente la reforma. Y es que, en su opinión, la aprobación de la ley supondría que 100.000 mujeres al año no pudieran interrumpir su embarazo en nuestro país, lo que equivaldría a un descenso de 40 millones de euros en sus ingresos.

Lo cierto es que al anteproyecto todavía le queda un largo camino por delante. En relación con la financiación pública del aborto y esa cifra superior a 20 millones de euros anuales, el diputado del PP Ángel Pintado propondrá la posibilidad de sacar la interrupción del embarazo de la cartera de servicios de la salud pública. Y es que, en su opinión, «estamos financiando un sector privado con fondos públicos», afirmó a este diario. De esta forma, Pintado aboga «no necesariamente por una financiación privada» cien por cien, sino, «y tal como ocurre en otros ámbitos» sanitarios, por estipular unos márgenes relacionados con la renta per cápita. Algo, por cierto, que sí se tiene en cuenta al conceder las ayudas para el comedor escolar. «Si se quiere entrar en el asunto, hay distintas soluciones», afirmó. Con todo, asegura que éste es un debate que «ya está encima de la mesa».

Mientras, dirigentes del PSOE acudirán a la manifestación que se celebra mañana miércoles en Bruselas contra la reforma de la ley. Bajo el lema «En apoyo a las españolas y por el derecho a abortar en Europa», estarán presentes la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, y la diputada Ángeles Álvarez, que acompañarán a los eurodiputados socialistas españoles. Una protesta organizada por el Partido Socialista belga y que entra dentro de los actos que el PSOE está organizando en diversas capitales europeos con motivo de la presentación del anteproyecto. Además, el PSOE presentó ante el Consejo de Europa una declaración «para impedir que los derechos de las mujeres españolas se vean cercenados» y recabar apoyos de los parlamentarios europeos en contra de la implantación de la ley en España.

La Diputación Permanente del Congreso se reunió ayer para decidir si cita esta semana a diez ministros, entre los que se encuentran la petición del PSOE para que Ana Mato informe sobre la reforma.