El Gobierno aprueba el convenio de adopciones con Rusia

El Consejo de Ministros aprueba hoy el convenio de colaboración con Rusia en materia de adopción de niños, que pone fin a la pesadilla de 100 familias que vieron cómo se paralizaba su proceso de adopción en agosto de 2013, momento en el que el Tribunal Supremo ruso adopta la instrucción sobre aplicación por los jueces de la ley de julio de 2013. Estas 100 familias ya conocían a los que consideran sus hijos y estaban a falta de la sentencia que les adjudicaba la adopción. Durante este periodo, los jueces han postpuesto los juicios hasta que entre en vigor el acuerdo. En cambio, otros han aceptado los certificados consesuados por las comunidades.

El convenio, que será ratificado con toda probabilidad el 9 de julio, tiene una vigencia de cinco años, prorrogable por quinquenios y establece un marco de actuación para el futuro. A pesar de los esfuerzos del Gobierno español, no han logrado convencer al Kremlin para la inclusión de los matrimonios homosexuales, que, según la legislación rusa, tienen prohibida la adopción.

La firma llega después de un largo proceso, en el que el Ministerio de Sanidad lo ha puesto como una de sus prioridades. La propia ministra del ramo, Ana Mato, al conocer el número de familias afectadas, pidió expresamente a la dirección de Familia que hiciera lo posible por desbloquearlo. Las negociaciones han sido muy complicadas. El pasado 20 de diciembre, el Consejo de Ministros daba vía libre a la firma del acuerdo, pero hasta el pasado 9 de junio, fecha en la que fue ratificado por Rusia, se han producido modificaciones sustanciales que obligan a pasar por el Consejo de Ministros.

El texto supone un marco regulatorio por el que el Gobierno español se compromete a hacer un seguimiento periódico de los menores y a informar a las autoridades rusas cuando éstas lo soliciten (la retroactividad exigida por Rusia no queda reflejada, por lo que se tratará caso por caso). Además, ratifica el papel de las Ecais como intermediadoras y establece las funciones de las distintas administraciones y las familias adoptantes. La firma conlleva el desbloqueo inmediato de las adopciones y el final de una pesadilla para 100 familias que desde hace un año sólo piensan en reunirse con sus hijos.