El Gobierno aprueba quién pagará el recibo de la luz a los clientes vulnerables

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto Ley que establece un nuevo mecanismo de financiación del bono social de electricidad, así como diversas medidas de protección para los consumidores vulnerables.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto ley con el nuevo modelo de financiación del bono social y la reforma de la ley del sector eléctrico para prohibir que se pueda cortar la luz a los hogares “extremadamente vulnerables”.

Según ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, esta normativa es fruto de un acuerdo con PSOE y Ciudadanos.

Por su parte, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha señalado que se han incluido las diferentes visiones de los grupos para tratar un problema de “gran complejidad” con el objetivo de ayudar a solucionar una cuestión -la de los consumidores eléctricos vulnerables- que es de política social, pero en la que es importante tener mayor coordinación.

Nadal ha apuntado también que se podrán modular distintas ayudas para estos consumidores estableciendo distintas categorías.

Cuatro tipologías

El desarrollo normativo del real decreto-ley aprobado hoy definirá de forma más clara al consumidor vulnerable y dejará, al menos, cuatro tipos.

Estos son el ordinario, dos categorías de consumidores vulnerables con distintos niveles de descuentos en la tarifa y otro más grave, atendido por los servicios sociales al que no se le cortará la luz, ha explicado hoy Nadal en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En este último caso, ha explicado que el coste de los impagos para evitar esos cortes será cofinanciado por las eléctricas a través del bono social.

Nadal ha subrayado que hay una mayor conciencia de las empresas eléctricas y que espera “generosidad” de todas las partes para que se haga posible.

Bono social

El bono social supone un descuento del 25% en la factura final de electricidad y pueden acogerse a él los consumidores más vulnerables, un colectivo que actualmente incluye a las familias con todos sus miembros en situación de desempleo, a los perceptores de pensiones mínimas, a las familias numerosas y a los consumidores con potencia contratada inferior a 3 kilovatios. Actualmente existen 2,4 millones de hogares acogidos al bono social.

Debido a una reciente sentencia del Tribunal Supremo, la financiación del bono social había quedado invalidada, aunque los consumidores vulnerables podían continuar acogiéndose al mismo.

Con este Real Decreto Ley se restablece la financiación del bono social que será asumido por las comercializadoras de energía eléctrica. El nuevo repartirá el coste de esta herramienta -unos 200 millones de euros al año- entre un mayor número de empresas, aunque la mayor parte seguirá cayendo en las tres grandes -Endesa, Iberdrola y Gas Natural- por sus cuotas de mercado.

Prohibición del corte de suministro

La norma establece que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes.

Actualmente la Ley del Sector Eléctrico ya contempla una serie de suministros considerados esenciales a los que en ningún caso podría suspenderse el suministro eléctrico (cárceles, hospitales, etc.). Con esta medida se pasa a incluir también a los consumidores en situación de vulnerabilidad severa. Se establece asimismo que las comercializadoras eléctricas cofinanciarán una parte de los gastos que las administraciones competentes estén ya realizando para atender a estos consumidores.

Otras medidas de protección

Se amplía de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro a determinados grupos de consumidores vulnerables en caso de impago.

Se da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, desarrolle la normativa necesaria para establecer los términos y condiciones de aplicación de estas medidas de protección al consumidor, así como para impulsar medidas de protección y de mejora de la transparencia en la contratación del suministro de los consumidores vulnerables.