Si no hay un «sí» es violación

El Ejecutivo propone reformar el Código Penal para que sea considerado como violación toda la relación sexual en la que no haya un «sí» expreso. Asimismo, ha informado de que devolverá las competencias a los ayuntamientos en materia de violencia de género.

«Si no dice sí, lo demás es no». Así de tajante se mostró ayer en sede parlamentaria la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad Carmen Calvo, que anunció la intención de su Gobierno de incluir el consentimiento expreso en los delitos sexuales en la actual ley del Enjuiciamiento criminal y en el Código Penal.

Se trata de la primera medida anunciada por el Gobierno tras la polémica que generó el fallo de la Audiencia de Navarra que no veía agresión por parte de los cinco integrantes de «La Manada» acusados por un delito de abuso sexual a una joven en los Sanfermines de 2016.

El Gobierno está dispuesto así a «revisar» y cambiar leyes para que en las relaciones sexuales en las que no exista un sí explícito puedan, de ahora en adelante convertirse también en un delito tipificado. Con esta reforma del Código Penal, el Ejecutivo quiere evitar que entre en juego la interpretación de los jueces. Para la vicepresidenta del Gobierno con esta reforma se logrará «preservar» el respeto a las mujeres y a su sexualidad.

Esta propuesta, que aún no tiene fecha para su debate, tramitación y aprobación, pretende seguir la línea de otros países como Suecia, Alemania, Islandia o Gran Bretaña, donde sí hay aprobadas leyes que respaldan el hecho de que cualquier acto sexual sin consentimiento expreso sea considerado delito de violación.

Para avanzar en la revisión de los tipos penales el Gobierno tiene intención de incorporar un grupo de «juristas feministas» para mejorar «algunas circunstancias». El anterior ministerio de Justicia, dirigido por Rafael Catalá, ya impulsó una comisión que buscaba un cambio en el Código Penal, y que ya se ha reunido en varias ocasiones para elaborar un informe.

En su comparecencia, la vicepresidenta también informó de los ejes centrales en los que se va a mover el Ejecutivo en referencia a materias de igualdad y violencia de género. Recordando en todo momento el drama al que se enfrentan las mujeres que sufren violencia machista. Carmen Calvo anunció que se dejará de contabilizar a las fallecidas por maltrato de forma anual y que se hará globalmente, contando con las estadísticas que existen. Actualmente hay 945 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas desde el año 2005. «Con solo una ya es una tragedia», lamentó la vicepresidenta, que anunció también que el Gobierno hará un «esfuerzo presupuestario» para dotar de mayor financiación a los ayuntamientos, al considerar que la partida destinada de 20 millones de euros es «escasa» para este fin. El fin es la «devolución de las competencias a los ayuntamientos» porque, entiende el Ejecutivo, es un «lugar de amparo cercano» para muchas mujeres que no saben dónde acudir. Además, aseguró que a finales de este mes, las comunidades autónomas se reunirán para recibir «las líneas de trabajo» autonómicas relacionadas con el pacto. Estas medidas reforzarían el pacto de Estado contra la violencia de Género, aprobada con el Gobierno del PP, que contempla 211 medidas y 200 millones de euros anuales para combatir la violencia machista.

El Gobierno también trabaja en una ley para racionalizar los horarios de trabajo para poder conciliar la vida laboral, familiar y personal. Calvo insistió en la necesidad de proteger los derechos de las mujeres a «hacer compatibles ser trabajadoras y madres».

Para llevar a cabo estas propuestas, la vicepresidenta pidió a todos los grupos parlamentarios «unidad» para el trabajo que se desarrolle en la comisión de igualdad.