Y ahora sanidad universal para los «sin papeles»

El Gobierno restituye la tarjeta sanitaria a los irregulares y niega el «efecto llamada» del que alertan las Fuerzas de Seguridad ante la retirada de las concertinas en Ceuta y Melilla.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha enfocado sus primeros esfuerzos ejecutivos en el ámbito migratorio y de derechos, con el foco mediático e internacional puesto en el puerto de Valencia donde mañana desembarcarán los 629 migrantes del «Aquarius». A la respuesta a esta «crisis humanitaria» o la decisión de retirar las concertinas que salpican las vallas de Ceuta y Melilla, se suma ahora el anuncio de revertir el Real Decreto 16/2012 que dejó sin asistencia sanitaria integral a las personas en situación irregular. El Gobierno prevé aprobar un nuevo decreto para devolver a los «sin papeles» el derecho a la protección de su salud. «Es una cuestión de decencia política y un mandato de todos los organismos internacionales: de la ONU, de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud», señaló la portavoz Isabel Celaá. El Ejecutivo promoverá un «proceso dialogado» con las comunidades autónomas y la sociedad civil para «recuperar la universalidad sanitaria» en el Sistema Nacional de Salud. La ministra estima que este proceso dialogado podría durar unas seis semanas, hasta que el texto sea aprobado por el Consejo de Ministros y remitido posteriormente al Congreso para su validación en el plazo de un mes. No obstante, desde el Ministerio de Sanidad prefieren no concretar plazos.

«Este Gobierno va a primar los derechos humanos». Es la consigna que sigue el Ejecutivo para rescatar a los 629 migrantes procedentes del barco «Aquarius». A su llegada a puerto –estimada el domingo antes de las 11 de la mañana– recibirán una primera asistencia médica a bordo de los barcos. Ya en tierra se efectuará el siguiente control, consistente en su identificación, un reconocimiento médico y un estudio individualizado de su situación. Desde Moncloa no descartan la expulsión de aquellos que tengan un historial delictivo o no cumplan los requisitos para permanecer en España, ya que el protocolo sanitario y policial aplicable será el habitual de un país que es frontera de Europa. Esto es, tal como adelantó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se les dispensará el mismo trato que aquellas personas que llegan en patera a las costas españolas. En concreto, solo la mitad de los migrantes cumpliría los estándares para ser considerado refugiado, ya que se suele vincular este estatus con el país de origen del solicitante o los dramas personales que hayan vivido. En base a este patrón, lo más común es que los migrantes de Marruecos o Argelia fuesen expulsados. Las seis mujeres que están embarazadas y los menores que viajan a bordo del buque recibirán una atención especial.

El Gobierno considera que la decisión de acoger a los migrantes se tomó por «respeto a la dignidad de las personas» y supone un «aldabonazo para que Europa tome cartas en el asunto». «Este no es un asunto ni español, ni italiano, ni griego. Es un asunto Europeo», destacó. En este sentido, España insistirá en el próximo Consejo Europeo sobre migraciones en «la importancia que tiene para Europa afrontar de una vez por todas las políticas de migraciones».

Las decisiones adoptadas por el Ejecutivo tales como la acogida del «Aquarius», la recuperación de la sanidad universal para los «sin papeles», pero sobre todo la retirada de las concertinas pueden generar un «efecto llamada». De ello alertaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desplegados en la frontera. Por ello, el anuncio de Grande-Marlaska de eliminar este dañino elemento disuasorio en las vallas ha ido acompañado del encargo por parte del Ministerio del Interior de un informe para estudiar qué medidas alternativas se pueden instalar para «mantener la seguridad pero sin herir a las personas». «El control de las fronteras y la seguridad deben estar ligados a la solidaridad, al respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos», destacó la portavoz del Gobierno. Isabel Celaá también quiso salir al paso de quienes alertan de un «efecto llamada», negando tal extremo, ya que –en su opinión– «vivimos en una sociedad extraordinariamente mediática», en la que todos los países conocen como se vive en el resto del mundo, es «una cuestión de democracia y recursos», por lo que muchas personas arriesgan su vida para intentar vivir mejor. «Europa tiene que ser consciente de que Ceuta y Melilla son fronteras comunitarias que no solo afectan a España y de que es preciso actuar en los países de origen y tránsito», destacó la portavoz.

Celaá utilizó la crisis humanitaria del «Aquarius» para reivindicar que el Ejecutivo ha trabajado con «justicia, determinación y fuerza» para poner en marcha sus políticas y asumir los retos a los que se ha enfrentado en esta primera semana en el poder plagada de contratiempos. La portavoz destacó la «rapidez» con la que se resolvieron crisis como la del «Aquarius» o el relevo en el Ministerio de Cultura, tras la dimisión de Màxim Huerta por su sentencia por fraude fiscal. Actuaciones que suponen un «ejemplo de responsabilidad y de transparencia que nos pone al nivel de las sociedades más exigentes». «Aquí no se tardan meses, años, en asumir responsabilidades. Se asumen en horas», destacó la portavoz. Este posicionamiento quedó, en cierto modo, deslucido al asegurar a continuación que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, imputado por un delito medioambiental «no tiene ninguna cuenta pendiente con la Justicia, porque la Fiscalía ha asumido ya que no era competente ni tenía conocimiento de los hechos».