El juez concluye la investigación sobre el crimen de Fiñana

El juez ha concluido la instrucción del crimen de la bebé de 16 meses natural de Palma del Condado (Huelva) Míriam y ha dado trasladado a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral y formulen en su caso acusación contra Jonathan Moya, señalado como presunto autor material del rapto y muerte, y Raúl R.F., para el que el fiscal solicitó en mayo el sobreseimiento al considerar que no había indicios de su participación en los hechos aunque la acusación particular si la ha mantenido hasta ahora.

La providencia del Juzgado de Instrucción 2 de Almería da por incorporados al procedimiento, que se tramita por la Ley del Jurado, los dos últimos informes practicados a petición del letrado de Moya González y pide al fiscal y a la acusación particular ejercida por la madre de la bebé, Gema Cuerda, que califiquen los hechos, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas. En esa misma resolución, notificada el día 25 y paso previo a la apertura de juicio oral, fase en que formularán sus escritos las defensas, se daba a las partes cinco días para alegar lo que estimasen oportuno de cara a esa apertura de juicio, aunque, según las mismas fuentes, ninguna lo ha hecho.

El juez instructor concluyó en un auto dictado el pasado mayo en el que ordenaba tramitar la causa como tribunal de jurado que existían indicios “verosímiles” de la participación de Moya, de 26 años, “en la sustracción contra la voluntad de su madre” de la bebé, cuyo cuerpo sin vida apareció con signos de violencia siete días después del rapto, ocurrido el 20 de diciembre de 2012, en una balsa de riego próxima al Cortijo Torre de Márfil, en Fiñana y le proceso por presuntos delitos de detención ilegal y asesinato. También señaló indicios de su participación “en una agresión sexual hacía” Gema Cuerda en un paraje del término municipal de Nacimiento, hechos que, en la actualidad, se tramitan como sumario en una causa aparte. Cabe recordar que así lo denunció ante el puesto de la Guardia Civil de Gérgal (Almería) la madre de la pequeña, quien comunicó además que Moya González se había llevado “todas sus pertenencias” y a su hija de 16 meses tras tener una “fuerte” discusión.

Los dos últimos informes aportados a la causa como consecuencia de las diligencias de prueba solicitadas por el abogado del principal imputado apuntan, por un lado, a que Jonathan Moya “no tenía alteradas su facultades” cuando sucedieron los hechos y, por tanto, tenía “indemnes” su capacidad de conocer y de actuar, y por otro, ahondan en la conclusión sobre cómo se produjo la muerte de la bebé y descartan que, tal y como sostiene él, se produjese por una de manera “accidental”. Así, el perfil psicológico realizado por los peritos del Instituto de Medicina Legal de Almería (IML) concluye que no se puede hablar de trastorno de la personalidad, aunque refiere “algunos rasgos de personalidad acentuados, como son la impulsividad y la tendencia a conductas antisociales”.

Mientras, el IML en su informe ampliatorio de autopsia concreta un poco más a la ahora de acotar el momento del fallecimiento de la menor, que fija en el día 24, e incide en que las lesiones que presentaba no sería compatible con la versión de una “caída fortuita” debido a “los múltiples focos de contusión” y la “impronta de dedos en el tórax”.

Golpes en la cabeza porque lloraba

El citado informe achacó el traumatismo craneoencefálico que sufrió la bebé al “choque repetido de la cabeza de la niña” sobre una “superficie plana” en una “actitud violenta” cuyo “desencadenante pudo ser la frustración que el agresor pudiera experimentar mientras lloraba el bebé”. Concluyó, asimismo, que la “asfixia mecánica” que sufrió se produjo “por oclusión” de las fosas nasales y de la boca “mediante el film de plástico que le rodeaba completamente la cabeza y el cuerpo” cuando fue encontrada el 27 de diciembre de 2012 en la balsa de riego.

Por su parte, Moya González aseguró en su última comparecencia en sede judicial que supuestamente se “cayó” con la pequeña “corriendo por un monte” e insistió en el móvil que ya esbozó ante el juez al principio de investigación y que pasaría por una presunta “venta” de la menor.

A lo largo de la investigación judicial, el instructor de la causa, el magistrado Jesús Miguel Hernández, ha ordenado, asimismo, la práctica de varias diligencias de prueba encaminadas a esclarecer las distintas versiones, hasta tres, ofrecidas por el principal imputado. Así, la Guardia Civil elaboró hasta dos informes. En el último, descartó la participación en el crimen de una segunda persona tras llegar a entrevistarse con un vecino de la comarca a quien, en su última comparecencia ante el juez instructor, Moya González señaló con “nombres y apellidos”. En el primero, concluía que una versión anterior, en la que hablaba de “varias personas”, era “falsa completamente” tras unas intensas gestiones en diversas provincias andaluzas y en Extremadura para intentar localizarlas.

Gema Cuerda siempre ha calificado como un “absoluto disparate” y “una mentira” la versión ofrecida por quien fuera su pareja y ha afirmado “no conocer de nada” a las personas a las que ha ido señalando bien como “colaboradores” bien como autor material del crimen. Su letrado, además, ha hecho alusión a los antecedentes penales de Moya González, con antecedentes penales por delitos de robo de vehículos sin intimidación, delitos contra el patrimonio, falsedad documental y usurpación de identidad de un cargo público, en concreto, un guardia civil, para cuestionar su “credibilidad”.

Sobreseimiento para el tercer implicado

El caso del segundo imputado, Raúl R.F., el fiscal pidió en mayo el sobreseimiento de la causa al considerar que no hay indicios que lleven a considerar que era conocedor de los hechos o que participó en ellos. Su detención, cabe recordar, vino motivada por la declaración que en la Comandancia de la Guardia Civil prestó Moya González, quien lo señaló aunque, posteriormente, se desdijo para exculparlo. El Ministerio Público no ve, así, carga probatoria en los ‘wasap’ que obran en la causa y cuyo análisis llevó en una fase inicial a los investigadores a apuntar que “era conocedor de sus intenciones de separar a la menor y a su madre en contra de la voluntad de ésta” y que podía, asimismo, “conocer el paradero de ambos” una vez fue secuestrada el 20 de diciembre de 2012. La acusación particular sí ha mantenido la acusación contra él hasta este momento de la tramitación de la causa al estimar “demasiado prematuro” el sobreseimiento solicitado para él.