Los mossos detienen al padre y a la madre de Nadia

Los Mossos sospechan de un fraude en la recogida de más de 150.000 euros de fondos.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron ayer a los padres de la niña Nadia Nerea, Fernando Blanco y Marga Garau, acusados de un delito de estafa relacionada con las donaciones que ha recibido la familia para el tratamiento de la menor, de 11 años y afectada por tricotiodistrofia, una de las llamadas enfermedades raras. A raíz de las sospechas de que pudo cometer una estafa al recoger fondos –más de 150.000 euros– para tratar a la niña, Blanco fue detenido poco después de que el juez que investiga el caso hubiera acordado retirar el pasaporte de la menor. La madre, sólo unas horas después. Lo anunciaron los propios Mossos a través de Twitter en un mensaje en el que, pese a no especificar su identidad, dejaba claro que se trataba de Garau. Por su parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Seu d’Urgell (Lérida) acordó pedir de nuevo la información médica de la niña.

El juzgado había preguntado a la Fiscalía si veía oportuno plantear medidas civiles en relación con la tutela o el cuidado de la menor. La Fiscalía afirmó ayer que no apreciaba riesgo para Nadia. La situación cambia ahora con la detención de ambos progenitores. Según el fiscal jefe de Lérida, Juan Boné, la pequeña no va al colegio estos días. Hay que recordar que el Juzgado de Instrucción de la Seu d’Urgell había enviado un requerimiento a la Fiscalía preguntándole si consideraba oportuno adoptar medidas civiles en la causa, un concepto que puede incluir desde la tutela hasta asuntos relacionados con la manutención, los tratamientos médicos, la educación, la residencia o la comunicación de un menor.

El juez, que ya ordenó el bloqueo de las cuentas que los padres tenían para la recaudación, también ha exigido a los progenitores que entreguen el pasaporte de la niña. Además, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat (Dgaia) está haciendo seguimiento del ámbito familiar de la niña.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid) también reclamó que se investigue la supuesta estafa del «caso Nadia» con el fin de que «se adopten las medidas punitivas y sancionadoras oportunas, en caso de confirmarse todos los indicios que apuntan a una presunta estafa». A juicio de Famma, «es fundamental que se protejan los derechos de la menor y que se le brinde la debida protección a nivel legal para que sus derechos fundamentales no se vean vulnerados».

Los protagonistas del caso se han manifestado en los últimos días en respuesta a estas acusaciones. En el programa «Espejo Público», de Antena 3, Marga Grau, madre de Nadia, fue tajante: «Siempre he confiado en mi marido. Pondría la mano en el fuego». Grau se mostró convencida de que Fernando Blanco «no ha hecho nada, el fallo ha sido exagerar la historia, ir a especialistas que hacen tratamientos experimentales y no pedir papeles ni nada de eso». También lamentó el hecho de que, a raíz de estallar el caso, «mucha gente nos ha dejado solos». Y luego, por supuesto, está Nadia, afectada por una tricotiodistrofia. «La niña se despierta con pesadillas y está nerviosa por la constante presencia de la prensa en la puerta de su casa», confesó Grau.

El propio Blanco reconoció hace pocos días en el mismo programa que la historia que relató de su hija tiene «partes muy exageradas». Así, reconoció que jamás llevó a Nadia a un hospital de Houston (EE UU), sino que en realidad la trataron curanderos. Una mentira, afirmó, con la que también engañó a su mujer. Del mismo modo, aseguró que, según los médicos, «no es verdad» que Nadia «esté muy enferma y que esté en riesgo de muerte». Y tampoco es cierto que tratara a la menor un médico que vivía en una cueva de Afganistán, aunque sí aseguró que viajó al país buscando a un especialista. Sí admitió, en cambio, que fue condenado por la Audiencia Provincial de Palma a cuatro años de cárcel por haberse quedado con 120.000 euros de la empresa en la que trabajaba. Un delito que ocurrió hace 30 años. «Eso es algo que no tiene nada que ver. Es otra cosa diferente», afirmó.