El PP hace un retoque mínimo y exprés en la ley de plazos

El Gobierno delegó ayer en el Grupo Popular la iniciativa de promover el retoque puntual y por una vía exprés de la vigente ley del aborto, la «ey de plazos aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, para corregir el punto que permitía que las menores abortaran sin el consentimiento paterno.

El Gobierno delegó ayer en el Grupo Popular la iniciativa de promover el retoque puntual y por una vía exprés de la vigente ley del aborto, la «ey de plazos aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, para corregir el punto que permitía que las menores abortaran sin el consentimiento paterno. La reforma no la presentó el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, sino el portavoz parlamentario, Rafael Hernando. Y consiste, como adelantó este periódico el pasado 4 de febrero, en una Proposición de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, para dejar sin contenido su artículo 13; y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Con este guiño a uno de sus compromisos electorales pendientes, Rajoy sigue avanzando en su precampaña ante las autonómicas y municipales de mayo. Ahora bien, con una de cal y otra de arena. Ejecuta su palabra en esta materia, pero de la manera más limitada posible dentro de ese difícil equilibrio entre satisfacer a sus votantes más tradicionales y el miedo a molestar al votante más de centro.

La proposición de ley agilizará el trámite de la reforma, ya que no hará falta que sea sometida al parecer de los órganos consultivos, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, como ocurriría en el caso de que la modificación partiese del Gobierno. De esta manera, se debatirá en el Pleno del Congreso antes de las elecciones autonómicas y municipales, en las que Rajoy se enfrenta al reto de movilizar a una bolsa de unos dos millones de votantes suyos, que hoy estarían en la abstención.

La nueva redacción del artículo 4 de la Ley de Autonomía del Paciente será la siguiente: «Para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales. En este caso, los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los representantes legales se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil». Expresamente la reforma legislativa precisa que sin perjuicio de las correspondientes competencias autonómicas en la materia, el marco de aplicación de la nueva legislación será «todo el territorio del Estado».

En el último año de legislatura el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, resuelve de esta manera un problema que lleva arrastrando desde que llegó al Ejecutivo bajo la promesa electoral de cambiar la ley aprobada por los socialistas. Este compromiso provocó la primera crisis de Gobierno y se cobró la cabeza de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia. Un mes después de llegar a La Moncloa, el Gobierno confirmó que habría una modificación de esta norma. En diciembre de 2013, el Consejo de Ministros aprobó la reforma legislativa, después de dos años de tiras y aflojas internos. Una decisión que contó con el aval del propio Rajoy. Pero inmediatamente, y ante la feroz campaña de la izquierda contra el proyecto, desde el Gabinete popular empezaron a plegar velas. Salvo Gallardón, ministros y partido dieron un paso atrás para no cargar con el desgaste de respaldar el cuestionado proyecto. En septiembre del pasado año, Rajoy dejó caer a su ministro de Justicia. En la resolución de este problema pesaron las presiones de quienes aconsejaban que había que echar marcha atrás en la reforma de la ley del aborto para recuperar el centro político, aun a costa de decepcionar al «núcleo duro» de los votantes populares. Según la tesis, entre otros, del sociólogo Pedro Arriola, éstos, en cualquier caso, acabarán votando al PP, pese a su malestar, pero no así los votantes menos ideologizados.

El PP justificó ayer que la reforma de la «ley de plazos» se quede sólo en el punto que afecta al consentimiento paterno para las menores en su compromiso electoral y en la falta de consenso político y social para ir más allá. La previsión es que se apruebe en el Pleno del Congreso en marzo y que entre en vigor a finales de este periodo de sesiones. Hernando explicó que la decisión de no ir más lejos se debe a la «falta de consenso». «En una materia como ésta, independientemente de cuestiones morales o religiosas, hay que pensar en el conjunto del modelo social», sentenció. El PP también justificó el carácter limitado de la reforma en el recurso ante el Tribunal Constitucional que presentaron en junio de 2010 contra la ley del aborto. Y que está todavía sin resolver. Entonces, el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, llegó a defender la derogación de la ley.

Hernando precisó que esta reforma puntual no implica que su partido avale el modelo de plazos establecido en la legislación vigente. Pero se remitió de nuevo al recurso ante el Constitucional. El Alto Tribunal podría pronunciarse una vez que se complete la modificación de la norma por la vía parlamentaria. Los siguientes movimientos por parte del Gobierno serán aprobar la ley de infancia y, después, vendrá el nuevo plan de apoyo a la familia.

Aunque la reforma de la Ley del Aborto se ha reducido al máximo, esto no frenó la inmediata reacción visceral de la izquierda contra la iniciativa popular. Mientras que desde los grupos provida se criticó que el Gobierno no cumpla con su programa electoral. El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, sentenció que el PP incumple su programa porque esta reforma «no mejora en nada la protección de la vida», informa Efe. «Sigue habiendo aborto libre y gratuito», precisó. La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, aseguró que el Gobierno ha «escupido a la cara y ha traicionado» a los españoles. «Ya no es tiempo de paños calientes, de andar pidiendo y suplicando que cumpla su promesa cuando ha evidenciado el desprecio a un sector importante de la sociedad española que pedía la derogación de la ley», declaró.

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, calificó la reforma de «vergonzosa» y de «cobarde». «Es una contrarreforma que deja en la indefensión a las mujeres más vulnerables», argumentó. En parecidos términos se pronunciaron desde ERC y desde Izquierda Plural.