El Supremo anula la absolución del doctor Morín y ordena repetir el juicio

El TS ha revocado la absolución del ginecólogo Carlos Morín, juzgado por practicar casi un centenar de abortos presuntamente ilegales, y ha ordenado que vuelva a ser juzgado por un tribunal con magistrados diferentes a los que lo absolvieron.

El Tribunal Supremo ha aceptado los recursos de casación promovidos por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares ejercidas por Alternativa Española y el Centro de Estudios jurídicos Tomás Moro, por lo que deberá repetirse el juicio contra el ginecólogo peruano Carlos Morín y diez de sus colaboradores, acusados de haber practicado 89 abortos ilegales, de falsedad documental, asociación ilícita e intrusismo profesional. La sentencia, fechada el 28 de octubre, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, tira por tierra todo el trabajo realizado por la Audiencia de Barcelona, al que recrimina el abandono de «elementales exigencias técnico jurídicas» en el análisis de la prueba y en su valoración y ordena la repetición del juicio en otra sala y con otros magistrados.

El Alto Tribunal hace dos apreciaciones muy importantes para el desarrollo del juicio que no fueron tenidas en cuenta por los magistrados. Así, considera que las acusaciones no pudieron ejercer su defensa de forma debida al anularse las pruebas videográficas del programa de la televisión danesa que destapó las supuestas irregularidades cometidas en las clínicas del doctor Morín. La sentencia indica asimismo que la grabación de esas imágenes con cámara oculta, «con el consiguiente sacrificio del derecho a la intimidad del interlocutor, está más que justificada» y, por tanto, en el nuevo proceso «no faltarán».

Además, indica que cuando un acusado se niega a responder a las preguntas del Ministerio Fiscal durante un proceso judicial «no excluye la posibilidad al alcance de la acusación de interesar la lectura de las declaraciones prestadas en fase sumarial». Esta decisión es sumamente importante para el caso porque durante la instrucción una testigo protegida admitió la existencia de las trituradoras en las clínicas, informó de cómo guardaban los fetos en una nevera y cómo se procedía a su destrucción a primera hora de la mañana para no levantar sospechas; unas declaraciones que luego se negó a repetir ante el fiscal.

Los magistrados del Alto Tribunal dejan claro que son «conscientes» de las consecuencias asociadas a la anulación del juicio ya que «no ignoran la lacerante vivencia de las mujeres que pueden verse ahora obligadas a la indeseable evocación de un recuerdo que, en algunos casos, habrá llegado a marcar sus vidas» y pide al nuevo tribunal que las mujeres afectadas que tengan que volver a declarar lo hagan sólo cuando su testimonio sea «indispensable» y que su interrogatorio se desarrolle de forma que «humanice su práctica, evitando así una victimización añadida a la que ya han experimentado».

La familia de Carlos Morín se limitó a decir que «es muy pronto para hacer una valoración de la sentencia. Nos reuniremos con nuestros abogados el jueves –por mañana– y veremos qué hacemos», explicó a LA RAZÓN María Luisa Durán, esposa de Carlos Morín y su mano derecha en las clínicas y acusada de haber practicado 66 abortos ilegales y de falsedad documental continuada. Durán dijo que la noticia había sido «una gran sorpresa para todos, porque ya se ha cel

ebrado un juicio público» y añadió que no será fácil el nuevo juicio: «Evidentemente volver a pasar por todo otra vez va a ser bastante duro».

Rafael López Diéguez, abogado de Alternativa Española, mostró su satisfacción porque «la sala ha conseguido entender nuestro recurso, muy técnico y muy complicado. Ahora tendrán que buscar otra sala con jueces distintos, que deberán estimar las pruebas que anteriormente se nos denegaron, entre ellas, las declaraciones de los periodistas que grabaron la cámara oculta, para que cuenten lo que allí vieron».

Por su parte, Jesús María Silva, catedrático de Derecho Penal y abogado de E-Cristians, explicó que «estamos ante una sentencia categórica, en la que incluso el voto particular de uno de los magistrados va en la línea de la sentencia y no discrepa en nada». Silva indicó que lo más interesante de la decisión «es a nivel doctrinal. Que el Supremo diga que la cámara oculta es un instrumento de culpa y que permita valorar lo que los testigos e imputados declararon durante la fase de instrucción. Es un duro rapapolvo para la Audiencia de Barcelona, porque el Supremo dice ahora que no fue imparcial y eso quedó plasmado en la sentencia. Lo que ha hecho el Alto Tribunal es algo muy excepcional y eso hace pensar que las cosas no se hicieron bien».

El caso de los abortos ilegales en las tres clínicas regentadas por Carlos Morín se destapó en 2006, a raíz de un programa de la televisión danesa en el que una reportera embarazada acudió a una de las clínicas para realizar un reportaje con cámara oculta, en el que simuló que quería abortar. Su intención era demostrar que en esos centros médicos se practicaban abortos libres a mujeres en avanzado estado de gestación, incluso con fetos de ocho meses. Las tres clínicas de Morín habían adquirido una cierta fama de acoger a jóvenes de todo el mundo que viajaban a Barcelona a abortar y de hecho se le acusaba de ser el promotor de los viajes para abortar en sus clínicas. Carlos Morín hizo fortuna con sus cinco clínicas –TBC, Emece, Ginemedex, CBC y Barnamedic–, con unos ingresos anuales estimados por la Fundación Tomás Moro estimó que los ingresos de estos centros rondaban los 12 millones de euros. De hecho, durante la instrucción del caso, Morín declaró que poseía una sociedad patrimonial valorada en 1,7 millones de euros. Sin embargo, su amor por el lujo y los coches de alta gama dilapidaron su fortuna de forma rápida y tuvo que comenzar a vender algunas de sus propiedades y en la actualidad vide de una manera austera junto a su mujer y su cuñada en una urbanización en la isla de Menorca.

En un primer momento, la acusación particular le acusó de haber practicado 115 abortos de forma ilegal y pedían penas de 345 años de prisión y 690 años de inhabilitación como médico. Sin embargo, durante la instrucción del caso, sólo se consideraron punibles 89 casos por los que la Fiscalía pedía 274 años de cárcel. Finalmente, la Audiencia de Barcelona lo absolvió en febrero del año pasado. Su esposa, María Luisa Durán, para quien la Fiscalía solicitaba 171 años, y 9 personas más de su equipo médico también fueron absueltas.