Indemnizan con 2.000 euros a un conductor por retirarle los puntos de forma indebida

Una reciente resolución dictada por el Ministro del Interior ha estimado la reclamación promovida por la Auomovilistas europeos Asociados (AEA) en defensa de uno de sus socios -al que Tráfico le fue descontando indebidamente puntos hasta dejar su saldo a cero- y ha ordenado que se le indemnice con 2.000 euros por “los gastos que realizó, las molestias que sufrió, la zozobra propia de la situación y las gestiones que hubo de llevar a cabo para recuperar su licencia de conducir”, informa AEA en un comunicado.

El caso se originó porque a pesar de que el conductor manifestara reiteradamente que tenía permiso de conducir expedido en el Reino Unido, la Policía le sancionaba reiteradamente con multas de 450 euros y la detracción de 4 puntos por “conducir un turismo sin licencia que le habilitara para ello”. Tráfico en lugar de hacer alguna gestión para verificar que el conductor efectivamente disponía de un permiso de conducir válido se limitó a descontarle los puntos, declarándole al final la perdida de vigencia de su carné por agotamiento de su saldo de puntos en dos ocasiones.

Para esta resolución resolución, se ha tenido en cuenta un dictamen emitido al efecto por el Consejo de Estado, en el que este alto órgano consultivo recuerda a Tráfico “que el derecho a presentar alegaciones no es un simple trámite que permite acopiar folios en un expediente, desconociendo el derecho material de los interesados a que sus alegaciones sean tenidas en cuenta”.

En este sentido, el Consejo de Estado reconoce que en varias ocasiones el conductor ha hecho constar “que era titular de un permiso británico” y que si se hubiera verificado esta circunstancia “las sanciones impuestas en los expedientes no se hubieran dictado, de modo que el recurrente no hubiera debido pagar su multa (450 euros) y no hubiera perdido ocho puntos de su licencia española. Y de haber sido así, ninguno de los dos expedientes tramitados para declarar la pérdida de validez de su permiso se hubiera llevado a término, no hubiera pérdido su licencia, no hubiera necesitado recurrir a un asesoramiento en derecho para los recursos y alegaciones y no se hubiera visto obligado a realizar un curso de sensibilización, pagar un certificado de aptitud y someterse a una nueva prueba teórica”.