La UE intenta alumbrar la primera ley de inteligencia artificial del mundo

La Unión Europea está ultimando la que está llamada a convertirse en la primera ley integral sobre la Inteligencia Artificial del mundo, un avance tecnológico que abre el mismo número de oportunidades como de dudas sobre sus límites éticos.

En el último empujón para intentar cerrar un acuerdo antes de que termine el año, este miércoles las capitales europeas, la Eurocámara y la Comisión Europea han mantenido una serie de encuentros a tres bandas, denominados trílogos, en aras de conseguir la luz verde. Sin embargo, las discrepancias sobre cómo abordar los sistemas de identificación biométrica en espacios públicos o herramientas como en chatGPT han dificultado las negociaciones en el último tramo.

La Unión Europea quiere establecer un sistema de vigilancia biométrica, acorde con el respeto a los estándares europeos sobre derechos humanos, y que se aleje del modelo chino donde esta herramienta es utilizada para la persecución política de disidentes, pero las diferentes instituciones difieren sobre si se pueden utilizar estas herramientas de reconocimiento facial en ciertos casos excepcionales. La Eurocámara quiere prohibir la vigilancia biométrica a distancia en espacios públicos en tiempo real en todas las circunstancias y tan solo admite la utilización de esta herramienta a posteriori y como modo de esclarecer posibles hechos delictivos con aprobación judicial

La Comisión Europea y las capitales, sin embargo, se inclinan por prohibir este método de vigilancia, pero permitir su utilización en espacios públicos y en tiempo real en casos excepcionales como un secuestro o la comisión de un atentado para evitar el mal mayor, siempre y cuando un juez autorice este reconocimiento facial. Las capitales europeas también son partidarias de utilizar esta herramienta en este tipo de situaciones

Además, también se quiere prohibir los sistemas de inteligencia artificial que supongan la manipulación cognitiva del comportamiento de personas o grupos vulnerables específicos: por ejemplo, juguetes activados por voz que fomentan comportamientos peligrosos en los niños y aquellas herramientas de puntuación social que clasifican a las personas en función de su comportamiento, estatus socioeconómico o características personales, un sistema que ya está implantado en China.

El siguiente elemento de disputa es cómo regular las actividades denominadas de Inteligencia Generativa como el sistema chatGPT. A diferencia de otros sistemas de inteligencia artificial menos sofisticados, esta herramienta permite crear ideas y contenidos nuevos al igual que hace la inteligencia humana reutilizando los datos de entrenamiento para resolver nuevos problemas. Por ejemplo, no se limita a aprender palabras en un nuevo idioma sino que después puede componer un poema con ellas.

Estos sistemas de inteligencia artificial pueden mantener conversaciones con seres humanos, responder de manera natural y ayudar en tareas como escribir un trabajo o dar información. La Eurocámara quiere poner coto a esta tecnología fuertemente disruptiva con una serie de requisitos como la revelación de que los contenidos han sido generados por Inteligencia Artificial, evitar que se generen contenidos ilegales y la publicación de resúmenes de los datos protegidos por derechos de autor utilizados durante la fase de entrenamiento.

La posición de las capitales europeas, sin embargo, es más permisiva. Alemania, Francia e Italia consideran que regular esta nueva herramienta de manera más estricta tan sólo conllevará que las empresas europeas vuelvan a perder el tren de la economía digital, después de que la primera ola estuviera protagonizada por los colosos de internet como Microsoft, Google, Twitter, Facebook o Amazon. El hecho de que el chatGPT haya sido creado por el laboratorio de Inteligencia Artificial OpenAI hace temer una vez más que EEUU tome la delantera en una tecnología revolucionaria que puede marcar el devenir del siglo XXI.

Para que las empresas europeas no se vean asfixiadas por requisitos estrictos, los tres países antes mencionados quieren poner en marcha un sistema de autorregulación obligatoria a través de códigos de conducta puestos en marcha por las propias compañías y que después se establezcan organismos para vigilar que estos códigos se cumplan. El Parlamento, sin embargo, recela de este nuevo enfoque.

A pesar de las posiciones encontradas, la presidencia española confiaba en poder cerrar un acuerdo esta semana tras las negociaciones a tres bandas que han arrancado este miércoles. Según la secretaria de Estado española de Telecomunicaciones e Infraestructura Digital, Carme Artigas, España va a gestionar este tema “con responsabilidad” para que Europa se convierta “en una referencia internacional de desarrollo tecnológico basado en valores humanos”.