«La Manada»: libres por no tener dinero para huir

El presidente del tribunal se niega a redactar el auto y rechaza la excarcelación. «Hay que proteger a la víctima».

Las diferencias radicales entre los tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra son un hecho. La sentencia condenatoria a nueve años de cárcel contra los cinco miembros de La Manada no fue unánime y depararía muchas sorpresas si alguna vez trascendiesen las deliberaciones. Estas discrepancias, que rayan la bronca y hasta ahora ocultas, han quedado esta vez patentes por escrito. Según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes judiciales, la decisión de dejar en libertad a los cinco condenados se tomó el miércoles 20 de junio. José Francisco Cobo, el magistrado ponente que se hizo famoso al leer la sentencia condenatoria en directo en las televisiones mientras a las puertas una improvisada manifestación gritaba «¡No es abuso, es violación!», trató de convencer a sus compañeros de que se mantuviera a los cinco sevillanos en prisión. Sin embargo, encontró el frontal rechazo de Ricardo González (el del voto particular que los considera inocentes) y de Raquel Fernandino. Tal fue el nivel de discrepancia que Cobo, el ponente que redactó la sentencia y debería haber hecho lo mismo con el auto del libertad, renunció a escribirlo. El miércoles a las 12:20 del mediodía comunicó su rechazo a caligrafiar ni una línea que no fuera para mantenerlos en prisión. González se vio entonces obligado a asumir la responsabilidad de convertirse en ponente, redactar y motivar el auto que deja libre a los cinco miembros de La Manada.

El auto, según ha podido saber este periódico dice así: «Se prorroga la prisión provisional acordada el 9 de junio de 2016» contra los cinco condenados hasta la mitad de los nueve años de condena, «esto es, 4 años y seis meses, eludible previa prestación de fianza en metálico por la cantidad de 6.000 euros», pero establece varios condicionantes: designación de domicilio donde puedan ser encontrados, un teléfono de contacto, prohibición de salir del territorio nacional, entrega del pasaporte, acudir al juzgado todos los lunes, miércoles y viernes así como cuantas veces sean llamados. Tampoco podrán entrar en la Comunidad de Madrid, así como comunicarse con la denunciante. Argumentan los dos magistrados que las penas por las que han sido condenados son muy inferiores a las solicitadas, que no tienen dinero para huir del país, que no tienen antecedentes y que viven a 500 kilómetros de la víctima.

Contra esta decisión emite un voto particular Cobo: «Con el máximo respeto que me merece la opinión mayoritaria de mi compañero y compañera de sala, me veo en la obligación de mostrar mi discrepancia respecto de la decisión que han tomado. La prórroga de la prisión provisional debe acordarse con el carácter incondicional que se había mantenido sin perjuicio de cuanto resulte de la progresión de la presente causa en sede de apelación y casación». Argumenta que es un delito gravísimo y que hay que proteger a la víctima. Los condenados recibieron la notificación en dos fases. Primero, por cercanía, los tres que están en la prisión de Pamplona. Se les convocó por los altavoces para una comunicación. Un funcionario les entregó el auto. No se lo podían creer. Lloraron, se abrazaron yusaron la posibilidad de comunicarse con sus familias a través de la cabina de la cárcel. Eran las dos de tarde. La noticia les pilló desprevenidos y, aunque creen en su inocencia, había pesimismo. Los teléfonos funcionaron a toda velocidad y sus familiares se enteraron de la resolución judicial. Agustín Martínez convocó entonces una reunión de urgencia en casa de la familia de «El Prenda». Durante más de 45 minutos estuvieron encerrados una treintena de familiares. Desde la calle se oía el barullo. Poco a poco las cámaras se fueron congregando a las puertas del domicilio. Se pactó que para evitar que se grabase a los familiares, el letrado haría unas declaraciones y en ese momento aprovecharían el resto para abandonar la casa sin que las cámaras registrasen un plano de las familias.

El guardia civil y el militar seguían mientras los acontecimientos a través de la televisión. Según fuentes penitenciarias fue sobre las 20 horas cuando por altavoces les convocaron. Estaban corriendo en el patio y no dejaron de hacerlo al escuchar que les llamaban. Así llegaron para reunirse con el agente judicial que les comunicó la sentencia.

Ninguna de las familias es pudiente. Han tenido que pedir prestamos para pagar desplazamientos, abogados, procuradores y expertos. A uno de ellos le han embargado la vivienda que se había comprado por no tener dinero para afrontar la hipoteca. Va a ser complicado que logren los 6.000 euros de forma inmediata y puede que las salidas de prisión no se produzcan hoy. No todas al menos. Quizá sea escalonado, aunque a última hora de anoche estaban recibiendo llamadas de amigos y conocidos que se ofrecían a colaborar con pequeñas cantidades. La familia de uno de ellos recibió llamadas de aficionados del Sevilla para ayudar.

Personas cercanas a las familias reconocen estar nerviosas por lo pueda ocurrir a partir de ahora. Queda la resolución de los recursos, y luego la persecución mediática y la enorme presión social.