La ayuda europea a excluidos se dará previo informe de Servicios Sociales

El fondo español duplica las ayudas y reparte 32 millones de euros entre las comunidades autónomas.

Más de 12 millones de personas viven en riesgo de pobreza o exclusión. La crisis ha sido un factor clave para alcanzar esta cifra, y es que, como apunta el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), «desde 2009, 1,3 millones de personas» han caído en esta situación de vulnerabilidad. Representa un incremento del 2,6 por ciento.

Estos datos, y los que aporta cada año Cáritas en su informe Foessa, ejemplifican la necesidad de ayuda de la sociedad española. Y como España no es el único país en esta situación, por segundo año consecutivo, Europa ha puesto en marcha el Fondo Europeo para las Personas Desfavorecidas (FEAD). Reemplaza al antiguo Plan de Ayuda Alimentaria que gestionaba el Ministerio de Agricultura y que «se establece desde 2014 hasta 2020. Destina a España 563 millones de euros», explicó el ministro de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, tras finalizar el Consejo Territorial de Asuntos Sociales y Dependencia. «Para garantizar que los recursos llegan a todos los que los necesitan, los beneficiarios tendrán que aportar un informe de Servicios Sociales», añadió Alonso. Poco después, desde el mismo ministerio se han apresurado a desmentir que se tenga que acudir con un informe específico para poder recibir la ayuda, sino que serán las ONG que reparten la ayuda las que podrán determinar si la persona que solicita ayuda la necesita o no para evitar fraudes, «a la espera de los criterios que establezca el grupo de trabajo que los expondrá a mediados de este año», explican desde Sanidad. «No se va a exigir más papeleo, pero hay que homogeneizar criterios que funcionen en todas las comunidades autónomas. Es lo que exige Europa». El ministro también explicó que «a los beneficiarios de este programa se les dará información de los recursos sociales que existen y de los programas de acompañamiento social que existen».

El Gobierno, consciente de los problemas que atraviesan miles de familias, ya no ha creado un fondo extraordinario de ayuda a los más necesitados, sino que ha incluido dentro de los Presupuestos Generales una partida de 32 millones, el doble que el año anterior. «Felicito al Ministerio por el esfuerzo que se ha hecho para luchar contra este problema y agradecemos que se hayan tenido en cuenta nuestras demandas a la hora de repartir los fondos», indicó Beatriz Mato, consejera de Trabajo y Bienestar de Galicia, al finalizar la reunión. Y es que el año pasado sólo se utilizó el índice Arope –indicador de pobreza europeo– para distribuir el dinero y no gustó a las comunidades autónomas con más población. En esta ocasión, se han modificado los criterios de reparto y se tiene en cuenta en un 80 por ciento el número de habitantes y, en el 20 restante, el índice Arope.

Otro de los temas que se abordaron en la reunión fue la situación de la ley de dependencia. Alonso avanzó que «el 1 de julio se incorporarán los dependientes moderados y se contará con el dinero que sea necesario». Se espera que se incorporen unas 300.000 personas.