La guerra del casco

El uso del casco en ciudad no sólo es «beneficioso», sino que es una medida «incuestionable». Así de tajante se ha mostrado la directora de la Dirección General de Tráfico (DGT), María Seguí. Tal como adelantó LA RAZÓN, Seguí confirmó ayer durante su comparecencia en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso que su utilización será obligatoria también en vías urbanas, no sólo en las interurbanas.

Ésta será una de las medidas que constituirán la reforma del Reglamento General de Tráfico, lo que llevaría a su vez a modificar la Ley de Seguridad Vial. Son muchas las medidas puestas sobre la mesa: bajar el límite a 30 km/h en las vías urbanas más estrechas, unificar la velocidad a 90 km/h en carreteras convencionales y subir el límite a 130 km/h en tramos puntuales de autopista o autovía. Sin embargo, ha sido el uso del casco la medida que más controversia ha causado. No sólo por las asociaciones de ciclistas, que rechazan de pleno la medida; incluso representantes del PP –es el caso de Concha Bravo, portavoz de Seguridad Vial del PP en el Congreso– o Ayuntamientos gobernados por los populares –el Consistorio madrileño en pleno o el de Valencia, que presentará alegaciones– se han mostrado contrarios.

María Seguí ha esgrimido los datos que han motivado esta modificación y que reflejan la «magnitud de las consecuencias negativas» que «se están tratando de evitar». En 2011 perdieron la vida 49 ciclistas, 12 en vías urbanas y 37 en vías interurbanas. En lo que se refiere a accidentes, se produjeron 285 heridos graves en ciudad y 304 en carreteras. Además, en las vías urbanas se produjeron 2.788 heridos leves, mientras que en las interurbanas fueron 1.423. Por otro lado, recordó que en 2010, de los 3.767 ciclistas heridos graves, 622 sufrieron un traumatismo craneoencefálico severo.

La directora de la DGT se ha mostrado tan «convencida de la utilidad» del casco «como para promoverlo con el mejor de los instrumentos educativos»: a través de la legislación. Ahora bien, ante las críticas recibidas ha invitado a los grupos parlamentarios a debatir la medida en una ponencia específica antes de incluirla en la modificación del reglamento.

«Matar moscas a cañonazos»

¿Cuáles son las objeciones de los ciclistas? Uno de los más beligerantes en este sentido ha sido el ganador del Tour de Francia Pedro Delgado. «Obligar al uso del casco no va ayudar en nada», aseguró a LA RAZÓN, convencido de que la medida supondrá «matar moscas a cañonazos», pues «el casco no te evita ser atropellado».

El ciclista retirado tampoco entiende por qué se ha tomado como modelo EE UU, «un país donde el casco es obligatorio para bicicletas pero no para motos», de tal forma que España se convertirá «en el único lugar de Europa» en el que su utilización será preceptiva en ciudad y, a la vez, «en el que menos se usa la bicicleta». Por todo ello, Delgado se muestra «seguro» de que la modificación disuadirá a mucha gente de coger la bicicleta a partir de ahora.

Según los datos presentados ayer por la DGT, en España hay 20,5 millones de ciclistas, aunque sólo tres millones afirman usarla a diario. Además, de los 48.000 millones de desplazamientos que se realizan a lo largo del año, menos del 2% son en bicicleta.

«No lo vemos justificado en ciudad», afirma Manuel Martín, director técnico de la Coordinadora en Defensa de la Bici (ConBici). En su opinión, la medida presenta a la bicicleta «como un vehículo peligroso, cuando en realidad no lo es», y «descarga la responsabilidad del ciclista para que se autoproteja». Así, si bien es cierto que le parece positivo el límite de 30 km/h para coches en vías urbanas de un solo carril, ve innecesario que el reglamento recoja que «el ciclista circulará perfectamente por la derecha», pues «se viene a decir que la bicicleta es un estorbo». Además, aunque «hay que evitar cualquier muerte, las cifras de accidentalidad ciclista en ciudad siguen siendo ínfimas».

¿El resultado? Martín también cree que muchos se lo pensarán dos veces a partir de ahora antes de montar en bicicleta. De hecho, recuerda que en Australia y Nueva Zelanda se tomaron medidas similares, lo que provocó un descenso del número de ciclistas de entre un 30% y un 40%.

Sin embargo, las consecuencias podrían ser peores. «La normativa evitará a los ciudadanos los beneficios de montar en bicicleta, que es hacer ejercicio, con las repercusiones que esto tiene en nuestro nivel de colesterol, la diabetes, etc.», asegura. Sin olvidar los perjuicios medioambientales que se producirían al reducirse el uso de la bicicleta a favor del coche. Incluso, dice, podría repercutir en la propia seguridad de los ciclistas. «Cuantas más bicicletas hay, los conductores tienen más conciencia de lo que pueden encontrarse: controlan la velocidad, saben interactuar con ellos, etc.».