La macro-estafa de la "abogada"Bonilla

Una mujer de 58 años ha ganado casi 500.000 euros engañando a inmigrantes. Se hacía pasar por letrada y pedía dinero por adelantado. Cambiaba de look y de casa, pero la policía ya ha dado con ella. Estaba escondida en Seseña.

Cuando Loli se instaló con su marido en un sexto piso de la calle Ramón Pérez de Ayala, en Vallecas, llegaron diciendo que eran médicos forenses. Fue hace ya más de 20 años y con el paso del tiempo los vecinos se dieron cuenta de que era una pareja extraña. Sobre todo, ella. Siempre muy arreglada, llamaba la atención en un barrio obrero, humilde, y se pasaba los días pegada al móvil. «Estaba siempre hablando por el teléfono, por aquí por el barrio, en un banco sentada o donde fuera, pero siempre con el móvil en la oreja, era exagerado. Decíamos: pero ésta, ¿a qué se dedica?». Un comentario sin mayor recorrido hasta que empezaron a escuchar los gritos de las discusiones, cada vez más frecuentes, entre la pareja en el interior de su vivienda. Afortunadamente nada de violencia de género; se trataba de temas económicos y pronto descubrieron por qué. «Ella se dedicaba a la compraventa de coches y engañaba a los gitanos. La sinvergüenza dio de señas nuestro piso en lugar del suyo y no paraban de llamar al telefonillo para amenazarnos con que les devolviéramos el dinero y decíamos ¿pero qué dinero? ¡Que nosotros no somos! Hasta nos rallaban el buzón», explica el damnificado. Loli, efectivamente, se dedicaba a estafar a la gente. Si bien en aquellos años fue la compraventa de vehículos su método de engaño y sus estafados eran de etnia gitana, luego cambió de área de negocio y de perfil de víctima: se pasó a la abogacía y los inmigrantes sin papeles se convirtieron en el blanco de su diana. La pareja se separó hará unos siete años: a ella no la volvieron a ver más por allí, y él, que es portero en una finca de Portazgo, pronto rehizo su vida con una mujer latinoamericana, con la que vive en el mismo domicilio. En su huida, Loli se llevó a su hijo, de 21 años, que sufre graves problemas de obesidad y al que dejaron de ver por el barrio desde que era pequeño. «Pensábamos que no iba ni al colegio, estaba todo el día en casa. Se puso enorme, deberían hacer algo con él», advierte una vecina.

Huida de la Justicia

Tras abandonar Vallecas, María Dolores Bonilla Asperilla (nombre completo de Loli) ha cambiado varias veces de domicilio precisamente para esquivar a las víctimas de sus estafas y eludir sus problemas con la Justicia, según fuentes policiales. Porque, lógicamente, la gente comenzó a denunciarla y la Policía a investigarla. Comparte nombre y uno de los apellidos con una abogada real, colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, pero no ejerciente en la actualidad, según la institución. Por lo que fuera, Loli decidió «especializarse» en temas de Extranjería y se hacía llamar Lola Huertas. Y, ya desde otro domicilio, salía a «cazar» a sus víctimas: inmigrantes perdidos en la burocracia española y necesitados de asesoría jurídica. Al principio los captaba en las colas que se suelen formar a las puertas de la Comisaría General de Extranjería de la calle General Pardiñas; de la Brigada provincial, en Aluche, o en la calle Pradillo; y ante la Oficina de Asilo y Refugio. Pronto empezó a ganarse sus primeros clientes de confianza y gracias al boca a boca la llamaban otros compatriotas antes de que se dieran cuenta de que les timaba. Pero hasta que ese momento llegaba, ella prometía todo tipo de gestiones. Su catálogo de servicios era tan amplio como quisiera inventar y los precios oscilaban según cómo tuviera el día. Les contaba que era una reputada abogada especializada en la llamada Ley de Extranjería, como popularmente se conoce a la ley Orgánica 4/2000 sobre los derechos de los extranjeros en España. Lola Bonilla prometía conseguir el NIE, el permiso de residencia, la homologación del permiso de conducir, de títulos académicos... todo tipo de trámites para los que necesitaba un dinero por adelantado. Y ahí estaba la trampa. La minuta podía ser de 300, de 2.000 y hasta de 8.000 euros dependiendo de a cuántos miembros de la familia tuviera que arreglar los papelesy del grado de desconocimiento de sus víctimas respecto a los procedimientos legales. Ella cobraba adelantos y se esfumaba sin dejar ni rastro. Pero los servicios de la «abogada» Bonilla no acababan ahí.

Aseguraba tener también contactos en ciertas entidades bancarias y podía facilitarles financiación y líneas de crédito para lo que también era necesario, lógicamente, un jugoso adelanto económico por la gestión. En su foto de WhatsApp ponía la imagen de otra persona y cambiaba de móvil cada dos por tres. Compraba siempre tarjetas prepago o lo ponía a nombre de terceros. También cambiaba de look y de domicilio. La última vivienda la tuvo en Seseña (Toledo), donde ella y su hijo pasaban desapercibidos en una urbanización de una docena de altos edificios y en la que fue detenida la semana pasada. Los agentes solicitaron las cámaras de videovigilancia de la urbanización a la empresa de seguridad, según explicó el portero de la finca a este diario.

«Alta profesionalidad»

No ha sido fácil dar con ella y el mérito es de la Unidad de Policía Judicial adscrita a los juzgados de Plaza Castilla, que han llevado el caso. Los investigadores destacan la «alta profesionalidad» de esta mujer, dado las medidas de seguridad que tomaba (cambios de look, de teléfono, de domicilio) y porque ha logrado estar huida de la Justicia durante muchos años. Y es que Loli llevaba tanto dedicándose a esto que ya había sido condenada en 2015 a tres años y medio de prisión. La sentencia, de la Sección 15 de la Audiciencia Provincial de Madrid, a la que ha tenido acceso este diario, es del 29 de junio y fue condenada a un delito de estafa continuada por engañar a varias mujeres en la zona de Sanchinarro, en la capital. La instrucción del caso corrió entonces a cargo del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid. Se dictó prisión provisional pero logró evitar la cárcel. Estaba en busca pero nadie daba con ella. Y, lejos de cambiar de profesión, Loli siguió a lo suyo. Sus víctimas eran inmigrantes de todas las nacionalidades pero en especial los de origen latinoamericano, según fuentes del caso, que explican que la habían ubicado por el sur la Comunidad de Madrid, pero volvió a cambiar de domicilio. La Policía sabe que lleva muchos años actuando. De hecho, pesaban sobre ella cinco reclamaciones judiciales de 2013, 2014 y 2015, además de la orden de ingreso en prisión. Los investigadores hablan de más de un centenar de víctimas identificadas y un montante estafado que asciende casi al medio millón de euros. Comprobado, son 495.000 euros desde 2011 hasta mediados de 2018. Ahora están analizando este último año y contactando con nuevas víctimas de la «abogada» sin escrúpulos. Dado el evidente riesgo de fuga y la acumulación de estafas, el titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid decretó para ella la prisión provisional. Ya duerme, por tanto, en el centro penitenciario de Madrid I Mujeres de Alcalá Meco, acusada de un delito de estafa continuada e intrusismo profesional, al hacerse pasar por abogada para cometer un delito. Es muy probable que no vuelva a salir a la calle hasta el señalamiento de su juicio.

El negocio de timar al extranjero

La Jefatura Superior de Policía de Madrid también ha dado a conocer una operación que culminó con la detención de 13 personas en Madrid, Málaga y Granada. Se trata de una organización hispano marroquí que actuaba por todo el país facilitando documentación falsa para obtener la autorización de residencia legal en España sin cumplir los requisitos necesarios que marca la Ley. La investigación, comenzó a principios de 2018. Los investigadores localizaron a un grupo de marroquíes que habían obtenido la residencia con documentación falsa (certificados de empadronamiento, partes médicos, contratos falsos...). Los solicitantes necesitaban acreditar una estancia mínima de dos o tres años en España y para ello falsificaban estos documentos. Operaban desde Málaga, aunque tenían «sucursales» en Madrid y Granada. Cobraban 8.000 euros a cada cliente. En los registros intervinieron una máquina para falsificar sellos y una impresora de tarjetas, entre otros efectos.