Juana Rivas, hasta cuatro años de cárcel por huir con sus hijos

Juana Rivas, se enfrenta a hasta cuatro años de cárcel por huir con sus hijos

Juana cumplió con su determinación. Ayer no entregó a sus dos hijos a su padre en el punto de encuentro de Granada donde la jueza había determinado que debía hacerlo. Su letrada, María Castillo, asegura que «desconozco su situación. No me he puesto en contacto con ella», afirma a este diario. No revela si hablaron de una posible fuga e insiste en que «no tengo constancia de que haya huído por vía judicial y, por lo tanto, no he decidido tomar ninguna medida». Castillo insiste en que presentará un escrito, avalado por dos nuevos informes sobre la situación de los menores, para lograr la suspensión de la ejecución de la orden judicial, y que llevará el caso ante el Tribunal Constitucional, al que solicitarán amparo.

Rivas debía entregar a sus dos hijos, de 11 y 3 años, a su padre, Francesco, un italiano de 50 años que se desplazó a la ciudad andaluza para recogerlos, como ha estipulado un juzgado granadino. La titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, que decretó, a instancias de la Audiencia, la devolución de los niños, había fijado además en su providencia que, en caso de que la madre obstaculizara la devolución, el padre fuera auxiliado por el Cuerpo Nacional de Policía. «Ahora mismo los agentes están intentando localizar a la madre y a sus hijos», explica el abogado del progenitor, Adolfo Alonso, a LA RAZÓN.

Fuentes policiales confirmaron a Efe que no han conseguido contactar con Juana Rivas y que, al corresponder a la Guardia Civil la demarcación de Maracena –pueblo donde reside la mujer– , será al Instituto Armado a quien corresponda intervenir a partir de ahora en este caso, salvo que la juez determine algún otro tipo de actuación.

Antes de llegar a esta situación, tanto la abogada de Rivas, como la asesora jurídica del centro municipal de la mujer de Maracena, Francisca Granados, se reunieron por la mañana con la fiscal encargada del caso y lamentaron que la representante del Ministerio Público no haya querido promover la adopción de medidas de protección frente a los menores. En concreto, la Fiscalía mantiene que debía cumplirse la decisión judicial acordada porque se había producido una sustracción de los dos menores «no autorizada», y porque cualquier decisión sobre la patria potestad de los niños debe ser adoptada por los tribunales de Italia, país competente por ser el de residencia de los menores.

A este argumento se agarra también el abogado de Francesco: «Espero que la madre recapacite y decida volver a Italia para recuperar la custodia allí, que es el procedimiento correcto». Si no es así, «estoy valorando las opciones que tenemos y creo que sólo quedaría la vía penal». «Se la podría acusar de desobediencia a la autoridad, por lo que podría enfrentarse a un año máximo de cárcel o de otro más grave como es la sustracción de menores, que acarrea entre dos y cuatro años de prisión», sostiene el letrado.

La asesora jurídica de Maracena insiste en que «se trata de un caso de violencia de género, denunciado hace ahora un año por Juana Rivas», en el que los dos hijos también deben ser considerados víctimas y a los que se podría generar un «daño irremediable» en caso de ser devueltos a Italia con su padre.

El progenitor fue condenado en 2009 por un delito de lesiones contra la madre, aunque ella volvió a darle «una oportunidad» y retomaron la relación en Italia hasta que regresó con los hijos a España y, en julio de 2016 lo acusó de malos tratos a través de una denuncia pendiente de ser tramitada ante la justicia italiana. Según Alonso, «la condena de 2009 fue pactada por las dos partes, llegaron a un acuerdo de conformidad porque ella no le dejaba ver a sus hijos, pero desde entonces ella no volvió a denunciarle. En 2016 decidió irse de la isla italiana donde viven con los niños. Son los jueces los que han determinado que no existe riesgo para los menores. Lleva un año sin hablar ni ver a sus hijos», denuncia. Y es que la Audiencia de Granada indicó en su decisión que los hechos alegados y los actos propios de la madre y del padre en su conjunto permiten concluir que la restitución «no supone ni acredita que los menores queden expuestos a peligro físico o psíquico grave, ni a una situación intolerable», como por contra sostiene la mujer. A ese argumento –la falta de acreditación de peligro o riesgo para los menores–, se acoge también el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada para ordenar la devolución de los niños.

Antes de llegar a esta situación, «los juzgados ya le habían dado a la madre un plazo para entregar a sus hijos de forma voluntaria. Eran tres días desde el pasado jueves, pero lo incumplió», añade Alonso. Francesco esperó durante media hora la llegada de Juana y sus hijos al punto de encuentro acordado, pero al no llegar, dieron por incumplida la orden judicial. «Él está calmado y lo está viviendo con cierta resignación», afirma el abogado en lo que se refiere al estado anímico de su cliente. «Quiere recuperar la relación con su hijo mayor, que la ha perdido por completo», añade.

Rivas ya anunció el martes, en rueda de prensa, su intención de no cumplir con la orden del juzgado: «No los entregaré, no puedo hacerlo», anunció a los medios. «Ellos han sido testigos de la situación insostenible de dolor y violencia en la que vivíamos en Italia», aseguró entre lágrimas