La reforma socialista de Tráfico: 6 millones más en multas

Unas 300.000 multas menos a los conductores infractores y, sin embargo, seis millones de euros de incremento en la recaudación, que han ido a parar a las arcas del Estado. Es el resultado de la reforma de la ley de seguridad vial que introdujo el PSOE en mayo de 2010, un año después de aplicarse. Pero la estadística es tozuda y el dato no tendría más importancia de no ser por que los números han acabado quitando la razón al antiguo director general de Tráfico y hasta al entonces ministro del Interior y ahora secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba. Ambos aseguraron que, con la nueva modificación, los ingresos iban a ser menores en un intento por cambiar la imagen recaudatoria de la DGT. Hablamos de la reforma que puso las multas a 100, 200 y 500 euros, dependiendo de la gravedad, y amplió el descuento por pronto pago del 30 al 50%.

Y para que no hubiera dudas sobre la nula «voracidad» recaudatoria de Tráfico, Navarro llegó a decir: «No merece la pena perder el tiempo con este debate, porque se publicarán unas listas con la recaudación mensual para que se pueda comparar con otros años anteriores».

La lista nunca se llegó a hacer pública, pero la memoria de la DGT se publica todos los años y ahí se puede comprobar la paradoja: si en 2010 se formularon 4.105.648 denuncias y se recaudaron 457.861.141 euros en 2011, un año después de la aplicación de la reforma las denuncias bajaron hasta 3.805.194, pero la recaudación aumentó en seis millones en comparación con el año anterior, ya que se lograron ingresar en las arcas del Estado 463.566.431 euros, según los datos publicados por la Dirección General de Tráfico y en los que ha reparado Automovilistas Europeos Asociados (AEA). «Se quiso adormecer a la opinión pública diciendo que la ley no tenía un afán recaudatorio e incluso se intentó convencer a todos de que las multas iban a ser más baratas, pero el descuento por pronto pago del 50% lo que ha hecho es acelerar la recaudación», explica el presidente de AEA, Mario Arnaldo. También advierte de que «se trató de convencer a la opinión pública de que los ingresos por sanciones iban a ir destinados a seguridad vial, un capítulo en el que se incluían a las asociaciones de víctimas, pero lo cierto es que todo esto ha sido una falacia porque siempre el importe de las multas se ha destinado a pagar los sueldos de los funcionarios de Tráfico y de los agentes de la Guardia Civil. Con la recaudación por multas se llegaron a financiar fondos reservados en la época de Corcuera», recuerda Arnaldo. Su crítica va más allá: «Las multas se utilizan con fines recaudatorios, porque los datos lo evidencian, ya que el importe medio de la multa en 2009 era de 95,72 euros, mientras que en 2011 subió a 121,82 euros». También considera sospechoso que «muchos radares se sitúen en lugares donde el exceso de velocidad no es un factor de riesgo e incluso se colocan controles de detención para notificar denuncias en lugares peligrosos, cerrando injustificadamente y sin aviso carriles en rectas de autopistas, lo que crea situaciones de riesgo.Y eso sin contar con lo que están haciendo los ayuntamientos, expertos en el arte del camuflaje para dar caza a los conductores».

Jaime Rentero Plaza, director jurídico de Miratusmultas.com, una aplicación on-line para la gestión de multas de Gesthispania, no duda del afán recaudatorio de Tráfico. «Se prima el pago con descuento antes que un procedimiento justo. Con esto no quiero deir que no sean justas muchas de las infracciones que se sancionan, sino que la cuantía de las infracciones leves, si las abonas con descuento, es sospechosamente baja. Además, en la gran mayoría de organismos con capacidad sancionadora, el departamento que gestiona las multas de tráfico pertenece al Negociado de Hacienda y Recaudación, algo bastante significativo. En la actualidad, existe un proceso de externalización de la gestión de multas de tráfico en muchos organismos, por lo que podemos pensar que se trata de un negocio muy rentable».

Rentero cree que la reforma que introdujo el PSOE es altamente beneficiosa para Tráfico, no sólo porque «se recauda más y antes», sino porque «al eliminar trámites administrativos, se rebajan enormente los costes de gestión por parte del organismo y se obliga al conductor sancionado que quiere beneficiarse de esta reducción a renunciar a su derecho a formular alegaciones, dejándole sólo la opción de acudir a los tribunales, con el coste que esto implica».

Empresas dedicadas a la defensa de conductores, como Legálitas, son conscientes de que el descuento por pronto pago del 50% lleva a muchos conductores a renunciar a recurrir sus multas. «La situación económica actual, junto con las dificultades que se encuentra el ciudadano para defender sus derechos, hace que desistan a veces de la defensa de la multa, aun sabiendo que tienen razón, y optan por el pago reducido de la sanción para no ver incrementada su cuantía», explica un portavoz.

El móvil al volante, la amenaza creciente

La distracción en la conducción es una de las principales causas de los accidentes de tráfico. En 2011 la distracción aparece como factor concurrente en 32.497 accidentes con víctimas, un 39% del total, en los cuales fallecieron 904 personas (768, en vía interurbana y 136, en vías urbanas) y otras 4.590 personas resultaron heridas graves. Esta cifra tan alta ha llevado a la Dirección General de Tráfico a poner en marcha una nueva campaña de vigilancia y concienciación de estos peligros que finalizó ayer.

Uno de los principales motivos que genera la distracción del conductor es la utilización del teléfono móvil durante la conducción. Su uso multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un accidente. En 2011, la Agrupación de Tráfico de La Guardia Civil formuló 133.781 denuncias por utilización del teléfono móvil, cifra que supone un 15% más que en el año anterior. La Ley de Seguridad Vial considera infracción grave conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores, así como, conducir utilizando cascos, auriculares... Ambas infracciones suponen una sanción económica de 200 euros y la pérdida de 3 puntos. En la imagen, uno de los controles de la pasada semana en Leganés (Madrid).