Las dudas posponen el futuro de Garoña

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió ayer posponer hasta la próxima reunión su veredicto sobre si daba o no la posibilidad a Nuclenor de poder pedir una renovación del permiso de explotación de la central de Garoña durante un año.

Reunido ayer desde las 17 horas y hasta aproximadamente las 20 horas, el Pleno prefirió «posponer su decisión hasta el próximo miércoles», según dijo el CSN. Las causas para posponer su decisión, que permitiriría a Nuclenor, empresa participada por Endesa e Iberdrola, tener un año para decidir si renueva o no el permiso de explotación, se deben a que quieren «analizar a fondo el caso. Para ello han pedido (al propio personal del CSN) ampliar los informes técnicos que les han solicitado», añadieron las mismas fuentes. «No se trata –prosigue– de analizar cuestiones de seguridad», ya que ese año solicitado la central estará inoperativa.

Sin riesgo

Las causas a priori tienen que ver con la viabilidad, ya que una central parada no supondría un riesgo. «El CSN está evaluando si merece o no la pena. Nuclenor tendrá que añadir las nuevas medidas de seguridad que se pusieron tras Fukushima. Además, Nuclenor ha solicitado que pudiera estar la central un año parada, lo que implica un retraso en obras y acciones que puede hacer inviable el proceso en sí», explicó Juan José Gómez Cadenas, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y autor del «Ecologista Nuclear».

De dar un dictamen favorable, se daría a Nuclenor un tiempo suficiente para conocer si las tasas a los residuos nucleares serán o no retroactivos. Una respuesta que esperan de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda desde el pasado 28 de diciembre. No es asunto baladí. De ser retroactivos, Nuclenor tendría que abonar 153 millones de euros, un pago de impuestos que situaría a la sociedad, con 147 millones de euros de fondos a 30 de septiembre de 2012, en patrimonio negativo.

A esa cifra hay que sumar la inversión que requeriría hacer para poner en marcha las medidas de seguridad adicionales solicitadas por el CSN tras el desastre de Fukushima, que van desde adquirir equipos de seguridad móviles, como motores diésel, a construir un venteo filtrado en la contención para controlar el hidrógeno, según los ingenieros nucleares consultados.

Para ello, Nuclenor, en caso de presentar una nueva solicitud, tendrá que presentar el programa de inversiones y modificaciones de diseño asociadas a las mejoras derivadas de las lecciones aprendidas del accidente de la central de Fukushima en relación con sucesos externos, como terremotos, inundaciones y otros sucesos naturales. En este sentido, el CSN ya informó en su día de que en el caso de Garoña, Nuclenor tendría, entre otras muchas acciones, que analizar las roturas circunferencias de las tuberías, ampliar los análisis de los márgenes sísmicos de las tuberías, reforzar la capacidad de la estructura de toma para mantener su operabilidad en caso de que una rotura de una tubería de agua pudiera afectar a la estructura de toma, disponer de diversos puntos de toma para captar el agua necesaria para la refrigeración...

Y ahí está la clave, en el coste que podrían llegar a suponer estas medidas. «Cuando la central pide que se considere su continuidad, anulando la orden de cese de actividad en julio de 2013, es para poder aumentar el tiempo de amortización de las inversiones que se hacen necesarias para poder satisfacer los requisitos de seguridad adicionales post-Fukushima. Es como tener un coche de lujo pero ya veterano, un Rols-Royce. Si con ese coste adicional, consigues hacer otros miles de km, te compensará; si sólo te permiten dar un paseo... mejor lo dejas en el garaje», explicó Eduardo Gallego, profesor titular de Ingeniería Nuclear de la UPM.

Decidan o no seguir, el ministro de Industria calificó, en declaraciones recogidas por Efe, de «buena noticia» que Nuclenor haya pedido un nuevo plazo para poder alargar su vida útil. El Gobierno es partidario de la prórroga siempre que «a ojos» del CSN se cumplan las garantías de seguridad adecuadas.