Las vacunas para perros, un dilema veterinario

Los sistemas de prevención de enfermedades caninas carecen de un marco único que rija su administración.

El último perro infectado de rabia que entró en España puso en peligro no sólo su entorno sino también varias regiones del país. Fue en 2013. Tuvieron que hacerse ingentes labores de rastreo para saber dónde había estado el animal. Se descubrió que el can, de raza pitbull, había regresado de Marruecos junto a su dueño. Pasó por Cataluña y Aragón para luego llegar hasta Toledo, donde atacó a cinco personas, cuatro de ellas menores, y a varios perros bajo un nivel inusual de agresividad provocado por el virus que estaba incubando en su organismo. Su saliva era el riesgo que podía transmitir una enfermedad que, según la Organización Mundial de Sanidad Animal, mata a una persona cada diez minutos, 70.000 en el mundo al año. Tras el periodo de incubación, que puede llegar a durar meses, el contagio suele ser mortal. Por eso hay que aplacar el problema de raíz. El perro portador fue sacrificado después de que se pusiera en marcha el Plan de Contingencia para el control de la rabia en animales domésticos en España, lo que provocó la instauración de una alerta sanitaria de nivel 1 durante seis meses en el país.

El año que viene España cumplirá medio siglo desde que la rabia se estableció como una enfermedad erradicada. En todo este tiempo sólo ha habido otro brote, en 1975, además del mencionado. Sin embargo, la situación geográfica de la Península, localizada entre dos países en los que la enfermedad aún no está erradicada como son Francia y Marruecos, deja una pequeña puerta abierta a que se vuelva a repetir un caso como el de hace dos años.

Y pese a que los sistemas de vacunación antirrábica en España son eficientes, no son óptimos. Cada comunidad autónoma es la autoridad competente para establecer tanto la obligatoriedad como los plazos. Así, mientras que en Madrid es obligatoria para los perros a partir de los tres meses y está recomendada en gatos y hurones, en Asturias solamente se impone en los animales peligrosos en potencia, en Extremadura se ha pasado, mediante decreto, a instaurarse la obligatoriedad de la vacunación anual y en las regiones de Galicia, Cataluña y el País Vasco la medida de prevención se deja a voluntad del propietario del animal. «La legislación en su conjunto ha sufrido muchas transformaciones al delegarse la competencia. Como quieren diferenciarse en algo, las comunidades autónomas cambian sus legislaciones. Son cuestiones de criterio político. Es difícil acertar cuánto aumenta el riesgo, pero no tener un calendario único aumenta las posibilidades de que se produzca algún caso», comenta Alfredo Hernández, especialista en medicina y cirugía de animales de compañía y asesor del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España. Al amparo de las organizaciones colegiadas, entre los profesionales se ha extendido una postura reivindicativa a nivel nacional para reclamar la unificación de los calendarios de vacunación contra la rabia.

En todo caso, la medida deberá tener una periodicidad anual o bianual, aunque en este sentido las directrices continentales se superponen a las regionales. A nivel europeo, todas las mascotas trasladadas dentro de los países de la Unión tienen que vacunarse anualmente. Algunos países van más allá y requieren un análisis previo antes del viaje.

Algo similar ocurre con el resto de vacunas para mascotas. En este sentido, «el calendario no está regulado oficialmente, está protocolizado porque sólo hace referencia a unas pautas específicas, se limita a recomendar. Y la legislación española no está a la altura de las necesidades de los animales. Las leyes no recogen con efectividad necesaria las atenciones que requieren», comenta Hernández. Y consecuentemente, la responsabilidad pasa al dueño. «Que las mascotas estén sanas es un elemento de garantía de la salud de los que vivimos con ellas», concluye el veterinario.

El dinero, una traba para la salud animal

El precio medio de la vacuna antirrábica puede oscilar entre los 20 y los 30 euros, pero los distintos gobiernos autonómicos suelen realizar campañas para financiar el trámite. Esta medida se antoja necesaria desde los círculos veterinarios si se atiende al coste que tiene vacunar a la mayoría de los perros de una región, un montante diez veces menor que administrar el tratamiento preventivo en las personas. Aquí entra en juego el gravamen que afecta al sector. «El IVA es una reivindicación que hacemos desde 2012. Le metieron una subida de 13 puntos, pero la de veterinario es una profesión sanitaria y debería estar exenta de IVA. La subida está produciendo una relajación económica en algunos dueños, que descuidan la atención de las mascotas», afirma Ignacio Alonso de la Organización Colegial de Veterinarios Españoles.