Las víctimas de maltrato podrán cobrar seis meses de subsidio de desempleo

El primer Pacto de Estado de la legislatura contempla más de 200 medidas. Contará con 1.000 millones de presupuesto en cinco años. Pese a que quedan algunos flecos pendientes, se aprobará el próximo día 28. LA RAZÓN ha tenido acceso a las más relevantes.

El primer Pacto de Estado de la legislatura contempla más de 200 medidas. Contará con 1.000 millones de presupuesto en cinco años. Pese a que quedan algunos flecos pendientes, se aprobará el próximo día 28. LA RAZÓN ha tenido acceso a las más relevantes.

El 1 de febrero de este año echaba a andar el trabajo de la Subcomisión del Congreso para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿Su misión? Conseguir alcanzar un acuerdo político para luchar contra esta lacra que a lo largo de los últimos 14 años ha terminado con la vida de 900 mujeres. Han sido necesarias tres prórrogas para llegar al consenso que ayer alcanzaron los representantes de todos los partidos políticos, a expensas de «últimar los últimos flecos» antes del lunes cuando se aprobará el documento definitivo en la Subcomisión y que la Comisión de Igualdad a la que pertenece dará su visto bueno el próximo viernes 28 de julio, como explican fuentes parlamentarias a LA RAZÓN. Algunas de las más de 200 medidas consensuadas ya las adelantó este diario sobre todo las referentes a la mejora de la formación de los profesionales implicados o la protección de las mujeres en el ámbito tecnológico. Y es que, de las 600 propuestas a las que tuvo acceso este periódico y que se llegaron a debatir en el seno de la Subcomisión, en el documento de 82 páginas que se ha consensuado sólo han quedado algo más de 200. Este Pacto de Estado lo ha impulsado directamente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y «dará seguridad a las mujeres».

1.000 millones de presupuesto

Dentro del consenso que se ha alcanzado, uno de los principales escollos era la determinación de la partida presupuestaria destinada a todas las medidas que, una vez aprobadas, conformarán la nueva ley contra la violencia de género. Así, en el penúltimo epígrafe del documento acordado determina la cuantía que se destinará a las nuevas propuestas en «un primer escenario que abarque los próximos cinco ejercicios presupuestarios», desde el 2018, cuando se plantea que pueda entrar en vigor este nuevo pacto. En el texto se incluye la partida de 500 millones de euros, a los que se sumarían otros 500 que saldrían directamente de la cartera del Gobierno. Así, la primera cifra se repartiría de la siguiente manera: 50 millones de euros destinados a los Ayuntamientos, 250 millones destinados a las comunidades autónomas y otros 200 millones destinados a competencias estatales contra la Violencia de Género dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Un compromiso de cuyo seguimiento se hará cargo la comisión responsable del cargo. Éste fue otro de los puntos más difíciles de la negociación, ya que no todos los diputados coincidían en que éste fuera el órgano responsable del seguimiento.

Incluir el origen del feminismo en los libros de Historia

El Pacto de Estado gira en torno a diez ejes. El primero de ellos es el de la sensibilización y la prevención, dentro del que se incluyen medidas dirigidas directamente a los menores. Además de incluir contenidos de igualdad y contra la violencia de género en los temarios de acceso a los cuerpos docentes, una de las medidas promueve «introducir en los libros de Historia de Secundaria el origen, desarrollo y logros del movimiento feminista, dentro del marco del Pacto de Estado de Educación». Otra importante medida que se incluye en este apartado es la posibilidad de que «a efectos del cumplimiento de los requisitos académicos para la concesión y mantenimiento de becas y ayudas al estudio, puede ser tenida en cuenta la disminución del rendimiento académico cuando se acredite que ésta tiene causa directa en una situación de violencia de género declarada por la autoridad judicial competente». Asimismo, se incluirán contenidos de prevención en todas las etapas educativas. Y será la inspección educativa la que garantice su cumplimiento.

Promoción del teletrabajo

En lo que respecta al ámbito laboral, una importante medida es «promover el uso del teletrabajo en aquellos casos de violencia de género en que sea posible y lo solicite la víctima». También incluye la posibilidad de que la víctima que haya sufrido malos tratos pueda optar a una reducción de jornada, así como solicitar la posible movilidad de la mujer en el caso de que sea necesario un cambio de residencia.

Sanciones en el deporte

La Ley vigente ya recoge la necesidad de acabar con actitudes racistas, xenófobas o que hagan apología de la violencia en el deporte, sin embargo, no incluía sanciones. Ésto es lo que quiere remediar el actual documento. Plantea la posibilidad de «ampliar las sanciones administrativas a los clubes deportivos que permitan la apología de la violencia de género en los acontecimientos deportivos». Esta decisión no es baladí y surge a raíz de lo ocurrido el pasado año en un partido de fútbol en el que se escucharon gritos en apoyo de un fubolista involucrado en un caso de violencia de género.

Unidades policiales específicas 24 horas

Otra medida que afecta directamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es la que determina establecer «unidades policiales con formación específica en violencia de género que presten atención las 24 horas del día todos los días de la semana».

Acompañar a la víctima previo a la denuncia

Proteger a la mujer que da el paso y se plantea denunciar a su maltratador es uno de los apartados en los que más hincapié han hecho los diputados responsables del documento. Así, se plantea el diseño de un «Plan de acompañamiento y asesoramiento de la víctima personalizado», incluso antes de que la mujer haya interpuesto la denuncia. Así, la mujer se siente protegida y puede conocer de primera mano el itinerario judicial que debe atravesar desde que da el paso. Con esta herramienta también se busca reducir el número de mujeres que renuncian a declarar en los juzgados que, aunque se ha ido reduciendo en los últimos años, sigue estando en cifras muy altas. Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el pimer trimestre, un 10% de las denunciantes se acogió a su derecho a no declarar.

Desgravaciones fiscales

Las propuestas económicas son especialmente relevantes. Además de las desgravaciones fiscales a los familiares que «ostenten la patria potestad de menores huérfanos por violencia de género, con exclusión del maltratador», también se recoge una exención «del IRPF y de otros impuestos sobre la renta, de las ayudas y prestaciones que se perciban por razón de la violencia de género por los hijos e hijas menores de edad». Otra medida económica relevante es el «estudio del actual sistema de ayudas de la Renta Activa de Inserción para mejorar la situación de las mujeres víctimas sin empleo, y evaluar su sustitución por un subsidio de desempleo de seis meses de duración, que se ampliaría por periodos semestrales prorrogables, siempre que las personas beneficiarias continuaran cumpliendo con los requisitos para seguir percibiéndolo. Estas ayudas se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado».

Evitar la impunidad del maltratador por la dispensa a no declarar

Como actualmente la víctima se puede acoger a no declarar, el Pacto del Congreso incluye la posibilidad de realizar «modificaciones legales para evitar los espacios de impunidad de los maltratadores que pueden derivarse de las disposiciones legales vigentes» en relación con el derecho a esta dispensa. A este punto se suma la supresión del «atenuante de confesión en delitos de violencia de género».