Luz verde al segundo cambio en la regulación del aborto desde 1985

La reforma de la ley del aborto, cuyo anteproyecto ha aprobado hoy el Gobierno, bajo el nombre de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, es el segundo cambio en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo desde que fue despenalizado en 1985.

Aprobada por el primer gobierno socialista, la ley orgánica 9/1985 fue uno de los cambios sociales y legislativos más importantes registrados en España, donde el aborto había sido ilegal.

La única excepción hasta entonces tuvo lugar en Cataluña durante la II República en diciembre de 1936, en plena Guerra Civil, donde se aprobó una legislación, que fue suprimida en 1938.

La ley de 1985 despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo en el supuesto de violación, hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones en el feto y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física y mental de la madre.

Sin embargo, el debate no se cerró, ya que en julio de 1995 el Gobierno del PSOE presentó un anteproyecto de ley que establecía un cuarto supuesto: cuando le supusiese un conflicto personal, familiar o social a la mujer.

El Congreso aprobó el 14 de diciembre de 1995, por mayoría absoluta, el proyecto de ley de ampliación del aborto para introducir el cuarto supuesto, pero la convocatoria anticipada de elecciones evitó el debate en el Senado.

La Mesa del Congreso impidió, con los votos del PP y CiU, la celebración de un pleno extraordinario para adelantar el debate.

Tras la victoria del PP en 1996, la ley no registró modificaciones hasta la vuelta del PSOE al Gobierno.

El debate resurgió a finales de 2007, después de que se conocieran casos de interrupciones de embarazos muy avanzados practicados en clínicas privadas de Barcelona y Madrid.

Así, el Gobierno elaboró un nuevo texto y el 24 de febrero de 2010 el Senado aprobó definitivamente la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Esta normativa establece el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, siempre que, en este último caso, haya un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.

Si se descubren anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable del bebé, no hay límite de tiempo, y de acuerdo con la opinión de un comité clínico.

En los casos de chicas de 16 y 17 años que quieran abortar -uno de los aspectos más controvertidos de la norma-, al menos uno de los padres o tutores legales de la menor debe ser informado, excepto si alegan riesgo de amenazas, coacciones o malos tratos en el ámbito familiar, en cuyo caso la decisión recae en el médico.

El texto que ahora se propone reformar contempla que los profesionales sanitarios pueden ejercer la objeción de conciencia.

En cuanto al Código Penal, castiga no sólo a quien practica un aborto fuera de los plazos establecidos, sino a quien lo haga sin contar con los informes preceptivos o en un centro no autorizado, y a quien consienta o practique un aborto más allá de las 22 semanas de gestación fuera de los supuestos previstos.

No incluye pena de prisión para la mujer.

La ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo entró en vigor el 5 de julio de 2010 y fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PP y el Gobierno navarro, que pidieron su suspensión cautelar, aunque fue rechazada.

Sectores conservadores y la Iglesia Católica se opusieron a la nueva ley de plazos desde que comenzó su tramitación, de hecho, en 2009 hubo varias manifestaciones multitudinarias y la Conferencia Episcopal llegó a amenazar con la excomunión a aquellos políticos católicos que votaran a favor de la ley.

El PP incluyó en su programa electoral su reforma, que fue anunciada en enero de 2012, dos meses después del triunfo electoral, por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Desde 1985, se han practicado en España en torno a 1,7 millones de interrupciones voluntarias del embarazo al amparo de la ley, y las cifras han ido creciendo año tras año.

Ese crecimiento sólo se interrumpió en 2009, cuando se registró un descenso del 3,7 por ciento respecto a las cifras del año anterior, hecho que el Ministerio de Sanidad atribuyó a la venta sin receta de la píldora del día después desde septiembre de ese año.

En 2011 se realizaron 118.359 abortos, según informa el Ministerio de Sanidad en su web.