Maternidad por poderes

Pocos asuntos generan tanta controversia como la maternidad subrogada. Unos la ven como una práctica inaceptable en la que se alquila un útero y otros como un regalo que les ayuda a ser padres.

Más de veinte familias españolas se encuentran atrapadas en este momento en la ciudad de Kiev (Ucrania). No les permiten sacar del país a sus bebés, nacidos por gestación subrogada, por un turbio asunto relacionado con la agencia intermediaria y un cambio en la legislación vigente. Este caso dramático ha devuelto a primera plana un asunto que, en realidad, nunca ha dejado de estarlo por la gran controversia que genera. ¿Son los vientres de alquiler una opción moralmente aceptable? ¿Es hora de convertir esta realidad en algo legal en nuestro país?

La respuesta a estas preguntas no es sencilla. Primero porque depende mucho de la escala de valores de cada uno, pero, sobre todo, porque no es posible generalizar, ya que la experiencia de esta maternidad por poderes difiere enormemente según el dónde, el cómo y el cuánto. Tal y como muestra el gráfico sobre estas líneas, los países que sí la permiten dentro de sus fronteras tienen una legislación distinta sobre quién puede contratar y unos precios también variados. Como cabía esperar, cuanto más caro resulte el proceso, más garantista para los progenitores.

La complejidad tanto médica como jurídica de todo este proceso es formidable y ahuyenta a la mayor parte de Europa occidental, donde aún es una práctica prohibida. Sin embargo, tal y como ha ocurrido con otros tantos avances en los tratamientos de fertilidad, nada indica que el fenómeno vaya a estancarse sino todo lo contrario. Cada vez es más habitual que parejas españolas, tanto homosexuales como heterosexuales, o personas solas recurran a vientres de alquiler en el extranjero.

El primer caso conocido data de 1980 y tuvo lugar en California. Fue un intercambio comercial y por contrato según el cual Elizabeth Kane recibió 10.000 dólares a cambio de gestar el bebé de otra pareja. Mucha mayor notoriedad alcanzó en 1986 el caso conocido como «Baby M» porque dio lugar a una ardua batalla legal entre la gestante (también la madre biológica) y los padres llamados «de intención». Después de haber firmado un contrato preclaro, recibido 10.000 dólares y dado a luz, la madre de alquiler quiso echarse atrás y quedarse con la recién nacida. Perdió el juicio y sentó un precedente legal que marcó los miles de casos que llegarían al mundo siguiendo la estela de «Baby M».