Piden nueve años para un británico acusado de tener miles de archivos de pornografía infantil

La Fiscalía de Málaga ha solicitado nueve años de prisión para un británico al que acusa de tener y compartir miles de archivos de pornografía infantil -unas 5.800 imágenes-, localizados en su domicilio en la localidad malagueña de Manilva.

La Fiscalía de Málaga ha solicitado nueve años de prisión para un británico al que acusa de tener y compartir miles de archivos de pornografía infantil -unas 5.800 imágenes-, localizados en su domicilio en la localidad malagueña de Manilva. Este hombre estaba en busca y captura por las autoridades policiales de Gales por el mismo delito.

El caso se inició a raíz de las investigaciones realizadas por la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, en colaboración con el FBI de Estados Unidos, ante la sospecha de que este hombre podría tener y distribuir material de pornografía infantil, según las conclusiones provisionales del ministerio fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press.

Por esto, se solicitó judicialmente la entrada y registro del domicilio del hombre, lo que se llevó a cabo en julio del pasado año 2016, encontrándose ocho discos duros. En uno de ellos, señala la acusación pública en su escrito inicial, tenía instalada una aplicación con la que se habían creado varias carpetas y subcarpetas virtuales.

Dentro de una de las carpetas había varias subcarpetas con un total de 5.878 imágenes de pornografía infantil y 1.171 archivos de este tipo, apareciendo menores de muy corta edad "sufriendo diversos tratos degradantes y vejatorios"de índole sexual. Estos archivos, dice el fiscal, los tenía para "satisfacer sus deseos y los de terceros", ya que "compartía los contenidos almacenados".

Por estos hechos, la Fiscalía acusa al hombre, que está en prisión desde julio de 2016, por un delito continuado de corrupción de menores por tenencia y distribución de pornografía infantil de menores especialmente degradante y de notoria importancia, pidiendo nueve años de prisión y diez años de libertad vigilada, así como la prohibición de emplear programas de intercambio de archivos.

Asimismo, la acusación pública insta a que se le prohíba a realizar trabajos en los que tenga contacto con menores y a que se le obligue a participar en programas de educación sexual cada año de libertad vigilada en los que se informe sobre la respuesta del acusado.

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