PP y PSOE, de acuerdo por primera vez en consensuar una ley educativa

Los grupos se dan seis meses de plazo para lograr un pacto que permita sustituir la Lomce

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo

PP, PSOE y Ciudadanos han acordado presentar una propuesta parlamentaria conjunta para constituir una Subcomisión en el Congreso que, en el plazo de seis meses, elabore un informe que sirva de base para que el Gobierno redacte un proyecto de ley básica de educación que sustituya a la Lomce.

Por primera vez en 40 años, PP y PSOE han logrado ponerse de acuerdo para sacar adelante una ley de educación conjunta.Todos los grupos parlamentarios suscribieron ayer un documento dirigido a la mesa del Congreso por el que se acuerda crear una subcomisión específica en el seno de la Comisión de Educación, que será la que se encargue de poner en marcha un gran pacto de estado social y político por la educación que desemboque en una nueva ley de educación. Su cometido principal será la elaboración, en el plazo de seis meses, de un informe sobre la situación del sistema educativo que incluirá un diagnóstico, propuestas y conclusiones que cumplan con los objetivos educativos europeos recogidos en la Estrategia Educación y Formación 2020 de la Unión Europea.

El documento será remitido al ministro de Educación para que, a su vez, se encargue de elaborar un proyecto de ley básica de educación «que sustituya la actual y que nazca con vocación de estabilidad a partir de un amplio acuerdo parlamentario y social», dice el texto. De momento, «se suspende el calendario de implantación de la Lomce en todos los aspectos en los que no haya entrado en vigor», lo que deja en el aire el futuro de las reválidas, que se seguirán realizando, de momento, aunque la nota obtenida no cuente, salvo en el caso de la de Bachillerato, que servirá para entrar en la universidad y mantendrá una estructura similar a la PAU.

Para elaborar el informe de consenso que sirva de base para una nueva ley «se llevarán a cabo cuantas comparecencias sean necesarias para el adecuado desarrollo de sus trabajos». Así, comparecerán desde representantes de la comunidad educativa, expertos nacionales e internacionales, organizaciones sociales, asociaciones educativas, sindicatos, plataformas educativas, representantes de las sociedades científicas y culturales del país...», expone el texto remitido a la mesa del Congreso y al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Tanto representantes del PP como de Ciudadanos reconocieron ayer que alcanzar el acuerdo sobre este documento había sido fruto de una negociación «dificilísima» en la que ha habido que ponerse de acuerdo «palabra por palabra». «Las posturas del PP y del PSOE eran muy contrapuestas y entre todos hemos hecho un trabajo importantísimo de despolitización y de altura de miras», dijo la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín. Y es que uno de los puntos más importantes de conflicto en las negociaciones ha tenido que ver con la terminología que se ha empleado en relación con la Lomce que impulsó el ex ministro José Ignacio Wert y que ha sido la primera ley de educación que el PP ha logrado sacar adelante. La cuestión se centraba en si quedaría por escrito que la Lomce debía «sustituirse», «derogarse» –como quería el PSOE– o «congelarse». Finalmente se optó por el término «sustituir».

La portavoz de Ciudadanos aclaró ayer que, en realidad, el paso que han dado todos los grupos con la constitución de la subcomisión «no hay que mirarlo como un entierro de la Lomce, sino como el inicio de una nueva etapa en la que conseguiremos una ley de educación que sea de todos». La portavoz del PP en la comisión de Educación, Sandra Moneo, coincidió en que el acuerdo alcanzado «supone un punto de partida muy importante, hemos hecho un ejercicio de responsabilidad, hemos dado un primer paso para llegar al mayor consenso posible en materia educativa, que es lo que nos reclama la sociedad».

El lunes está previsto que el ministro presente a las autonomías los proyectos de decreto y orden que regularán las reválidas de la ESO– que no tendrá efectos académicos– y la de Bachillerato, que al final será prácticamente igual a la PAU.