Los enfermos crónicos pagarán de 6 a 12 euros al año por los traslados

El consejo interterritorial de Sanidad celebrado ayer decidió reducir la aportación que deberán hacer los enfermos crónicos por el trasporte no urgente. Así, según anunció la ministra Ana Mato, el servicio tendrá un coste «simbólico» que irá de los 6 a los 12 euros anuales. Según aclaró la titular de Sanidad, el transporte urgente se mantendrá exento de aportación, así como los traslados entre centros. En el caso de tratamientos periódicos superiores a seis meses, se establece una aportación menor, con límites de seis euros anuales para las rentas inferiores a los 18.000 euros y de 12 para quienes ganen de 18.000 a 100.000 euros. Los pacientes con estas características que superen los 100.000 euros deberán aportar 60 euros anuales.

Para el resto, se establece un precio único de 50 euros por trayecto para evitar penalizar a los enfermos de zonas alejadas de los centros sanitarios o rurales. Como norma general, habrá una aportación reducida del 10 por ciento, con límites de 60 euros para las rentas que superen los 100.000 euros; 20 para los que ganan de 18.000 a 100.000 (activos y pensionistas) y de 10 euros para el resto.

El transporte no urgente monopolizó el debate de la cartera suplementaria de servicios, en la que también se aprobaron los copagos de las ortoprótesis y de los dietoterápicos. Para la segunda, tendrán aportación reducida los productos más necesarios y costosos, como las muletas, con un copago del 10 por ciento y un límite de 20 euros por prescripción. Para el resto, y según los tramos anteriores, se fija una aportación del 40% por ciento (hasta 18.000) y un límite de 30 euros y del 50 por ciento con un máximo de 40 euros (de 18.000 a 100.000). En cuanto a los dietoterápicos, la aportación reducida afectará a las enfermedades más graves y, a los pensionistas, se establece en el 10 por ciento con un límite máximo en función del producto. La aportación normal sigue la misma línea que el resto de fármacos, con tres tramos del 40, 50 y 60 por ciento y se aplicará exclusivamente a los productos para la alergia y la intolerancia de las proteínas a la leche de vaca.

Durante su comparecencia, la ministra anunció que su departamento estudiará el establecimiento de nuevos tramos en el sistema de copago. «Han pasado seis meses desde la aplicación de la norma, vamos a hacer un estudio del impacto y vamos a estudiar la implantación de nuevos tramos en función de la renta». La medida afectaría a los pacientes con ingresos de 18.000 a 100.000 euros, debido a que la diferencia de ingresos no se corresponde con la de copago. Mato insistió en el trabajo del Gobierno para lograr un sistema basado en la equidad, que en 2012 supondrá un ahorro farmacéutico superior a los 1.000 millones de euros.

Asimismo, anunció que en este proceso de reestructuración y en busca de la eficiencia, se establecerá una plataforma de compras centralizada –que generará un ahorro de 1.500 millones en 2013– y un protocolo común de actuación sanitaria en los casos de violencia de género.

La reunión sirvió también para presentar a los consejeros un informe elaborado por un equipo de especialistas sobre la cartera básica de servicios, en la que se actualiza la cartera de servicios asistenciales en la reproducción humana asistida, los cribados neonatales y los implantes oftalmológicos y acaba con la disparidad regional existente. Los cribados neonatales se centrarán en la detección de cinco enfermedades (hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, MCADD, fibrosis quística y anemia falciforme) y se podrían incluir cinco más. En la actualidad, el rango del cribado va de las 2 a las 33 enfermedades, en función de cada comunidad autónoma. Finalmente, se ha actualizado el catálogo de implantes oftalmológicos, como lentes oculares para determinadas patologías o dispositivos intraoculares. Asimismo, se establecen planes de eficiencia energética en hospitales, la centralización de los laboratorios hospitalarios y de los servicios de radkiodiagnóstico.

Al final de la reunión, las comunidades socialistas acusaron al Gobierno de aplicar «el rodillo» y de no aceptar sus aportaciones. Por contra, el consejero de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, recordó que las medidas ya estaban incluidas en un informe de Abril Martorell en 1991, con el apoyo del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.