Se acabaron las evaluaciones de la Lomce

Los grupos políticos que negocian el pacto educativo coinciden en suprimir las actuales pruebas «porque están mal diseñadas» y en sustituirlas, en todo caso, por un modelo sin efectos académicos, salvo al final de Bachillerato.

Es uno de los aspectos que genera más controversia dentro de la Subcomisión para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación, pero si hay algo en lo que están de acuerdo todos los grupos políticos como punto de partida de la negociación, después de escuchar a 83 expertos, es en suprimirlas tal y como están concebidas actualmente «porque están mal diseñadas», explican fuentes parlamentarias. Lo que no significa que desaparezcan del todo. La mayor parte de los grupos políticos no se opone a una evaluación al finalizar el Bachillerato, pero está por negociar si es posible evaluar el sistema educativo en otras etapas educativas sin que estas pruebas necesariamente tengan que tener efectos académicos pero a la vez aporten información suficiente para tomar medidas que permitan lograr la eficacia que se pretende en la mejora de la calidad de la educación.

El PP quiere mantenerlas en la medida en que «son un instrumento para que el Estado pueda tener un diagnóstico y las administraciones puedan actuar y poner soluciones a los problemas detectados», explica la portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo. «Hay diferentes tipos y el que queremos hay que negociarlo», pero los populares simpatizan con el modelo que recoge el libro blanco de la Educación de la CEOE, que propone una reválida por etapa educativa sin que sirva para la obtención de diploma alguno y defiende una evaluación de certificación de ámbito estatal al finalizar el Bachillerato que homologue el sistema educativo español con el de los grandes países de la Unión Europea.

La opinión de Ciudadanos no queda muy alejada de este concepto. La portavoz de la formación magenta en el Congreso de los Diputados, Marta Martín, considera que «la evaluación, especialmente la diagnóstica, es siempre necesaria» y distingue entre distintos tipos: la interna, que puede hacer el profesor y el centro, y la externa (muestral o censal) que debe también realizarse por parte de las distintas administraciones autonómicas. «Estas pruebas permiten no solo medir el nivel de los alumnos, sino también la calidad de todo el sistema, lo que incluye a los centros y a los profesores, pero lo que tenemos claro es que debe haber una evaluación con carácter académico al final del Bachillerato, en la línea de lo que sucede en el resto de países europeos. Y tenemos que discutir en el seno del pacto, si además de las evaluaciones diagnósticas debe haber alguna más. Consideramos, en cualquier caso, que tiene que haber un sistema transparente que permita que los padres, los profesores, y la Administración ser conscientes de los niveles de calidad y de los puntos que se pueden mejorar».

Hasta partidos radicalmente opuestos a las reválidas, como Podemos, estarían de acuerdo en que se hiciera una al concluir el Bachillerato. «Puede tener sentido», explicó a LA RAZÓN el portavoz de Educación, Javier Sánchez. Ahora bien, «no queremos que sirvan como criterio para titular porque todos los cursos irían enfocados hacia la superación de estas pruebas y eso no lo vemos positivo; una cosa hacer evaluaciones con una muestra de alumnos y otra generar una obligación».

Las «reválidas Wert» contemplaban pruebas obligatorias para todos los alumnos en 3º y 6º de Primaria, al final de la ESO para conseguir el título y al concluir el Bachillerato también para titular y poder acceder a la universidad.

Su implantación creó tal discrepancia e insumisión autonómica que cuando Íñigo Méndez de Vigo asumió la cartera de Educación ya optó por que las pruebas de ESO y Bachillerato quedaran sin efectos académicos hasta que los grupos políticos alcanzasen un acuerdo. La prueba de Secundaria se quedó en «muestral», es decir, cada comunidad elegía a los centros que la hacían y en ningún caso servían para titular. La de final de Bachillerato sólo abarcaba contenidos del último curso y no del ciclo completo. Se mantuvo lo más parecido a la conocida Selectividad o PAU.

Religión ¿computable?

El asunto en el que existe un mayor acercamiento entre los grupos políticos –del índice de 14 que conforman lo que será el futuro pacto– es el que concierne a la regulación de la profesión docente. «Nuestro objetivo es conseguir un mayor reconocimiento social para el profesorado, pero somos conscientes de que hay que dar una vuelta al sistema de formación, de acceso a la profesión y de la formación continua. El profesor tiene que ser vocacional y tener una formación de acuerdo a lo que se requiere de un docente del siglo XXI», explica la portavoz de Educación del Grupo Socialista en el Congreso Mari Luz Martínez Seijo.

La Religión como asignatura ocupa el número 14 del guión del pacto educativo y es otro de los puntos conflictivos. PSOE y Podemos quieren que quede fuera del currículum escolar y no cuente para la nota media. Como mucho, quieren que se imparta como extraescolar, algo que el PP va a batallar.