«Si no nos devuelve el dinero, de aquí no sale. Nos ha dejado sin casa a 15 familias»

Un español lleva una semana retenido por unos indígenas en una iglesia evangélica.Le acusan de robar las ayudas que el Gobierno mexicano les dio tras el seísmo de 2017.

El español Iván Mouriz, de 33 años, lleva más de una semana retenido en una comunidad indígena del sur de México. Apenas puede abandonar la iglesia evangelista de Chicapa de Castro, en el estado de Oaxaca, donde le han instalado los vecinos. Está amenazado y vigilado constantemente porque temen que trate de escapar. Le acusan de quedarse con más de 80.000 euros de fondos dedicados a la reconstrucción de las viviendas de 15 familias afectadas por los devastadores terremotos de septiembre de 2017. Él defiende que solo quería ayudar.

Este fue el segundo peor seísmo que ha sufrido el país azteca desde 1985, que dejó más de 10.000 muertos. El que tuvo lugar el verano pasado –con 7,1 grados en la escala Richter–, ocasionó más de un centenar de fallecidos y más de 900 heridos. En total, dos millones y medio de afectados por todo el país. No obstante, una de las regiones más perjudicadas fue precisamente Oaxaca, donde estas 15 familias tienen secuestrado al joven español, Iván Mouriz.

El propio acusado reconoció ante las cámaras de televisión en sus primeros días cautivo que llegó a un pacto con los habitantes de Chicapa de Castro para reconstruir sus viviendas «y ese acuerdo no lo cumplí». También reconoció que no había sido agredido, aunque al principio llegó a temer por su vida. Fuentes diplomáticas han confirmado a LA RAZÓN que están en contacto directo con Iván Mouriz a través del Consulado de España en México.

El portavoz del Gobierno estatal de Oaxaca, Alfonso Martínez Córdoba, también ha corroborado a este diario que el español aún permanece en la localidad y que no corre peligro por lo que no se encuentra acompañado por nadie del gobierno estatal que le brinde protección. A la pregunta de si el gobierno de Oaxaca piensa actuar para sacarlo de allí, Martínez Córdoba responde que Iván Mouriz les ha expresado que no quiere salir de la comunidad.

Efectivamente, el joven español expresó, en un vídeo difundido por la agencia Efe el pasado 2 de agosto, que se encontraba en la comunidad por su propia voluntad y que pretendía resolver el conflicto de forma pacífica. En dicha grabación se le veía junto a un numeroso grupo de vecinos reunidos en asamblea.

Por el contrario, los vecinos del pueblo mexicano aseguran que Mouriz pretendía huir, ya que estaba tratando de vender la poca maquinaria que tenía. Lo localizaron en la vecina localidad de Unión Hidalgo y le convencieron de que volviera diciéndole que el Gobierno iba a volver a dar dinero para la reconstrucción. Así comenzó su cautiverio en Chicapa de Castro, según varios medios locales.

Aunque no puede abandonar el pueblo desde el pasado 30 de julio, sí le permiten permanecer «libremente» en la iglesia evangélica donde está viviendo e incluso «salir a la tienda a comprar comida», aunque «hay una persona pendiente de él en todo momento», según informa el diario «El Universal», desde este municipio de unos 3.000 habitantes en el itsmo de Tehuantepec, una de las regiones con más población indígena y de las más pobres de México.

Iván Mouriz llegó a este remoto lugar hace casi un año, pocos días después del terremoto del 7 de septiembre de 2017, de 8,2 grados, que afectó profundamente a los estados de Oaxaca y su vecino Chiapas. Se presentó a los vecinos como representante de una fundación de auxilio social y les dijo que a través de las redes sociales supo que necesitaban ayuda, de modo que se desplazó allí desde Ciudad de México. Dicha fundación realmente no existe, tal como reconoció el propio Mouriz. «Es verdad que la sociedad no se llegó a registrar», excusándose en el abandono de sus socios: «No fui yo solo quien empezó este movimiento... mucha gente que quiso apoyar al final se echó atrás» y añade amargamente que «el que estuvo dando siempre aquí la cara fui yo».

Iván convenció a muchos vecinos de que le entregaran sus tarjetas Fonden-Bansefi, cada una de ellas con 120.000 pesos de fondos que el Gobierno (5.600 euros) les concendió para la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto del 7 de septiembre. El portavoz gubernamental, Martínez Córdoba, contabiliza 15 familias afectadas, todas de la misma comunidad. Por su parte, el enviado del Gobierno estatal a Chicapa, Emanuel Robledo, afirma que el posible fraude ascendería a 1,8 millones de pesos (más de 80.000 euros).

La promesa era que su organización construiría nuevas viviendas. Sin embargo han pasado 11 meses y ninguna casa ha sido construida. Y el dinero se ha evaporado.

Iván Mouriz niega rotundamente que su intención fuera engañar a los vecinos. «Esto nunca fue un fraude. Si lo hubiese sido, en el momento que hubiese tenido el dinero en las manos me hubiese ido», aunque admite que los fondos no se gestionaron correctamente: «Hubo gastos no controlados, hubo compra de material y un pequeño avance de una pequeña cimentación». Tampoco admite haber manejado 1,8 millones de pesos comunales. Hace referencia a «una pequeña parte» sin concretar una cantidad.

Mouriz achaca su desgracia a que el resto de sus compañeros de esta aventura empresarial abandonó el barco. «Hubo un momento en el que me quedé solo y tuve que buscármelas para seguir». Cuando habla de los motivos que le llevaron a embarcarse en esta historia se le quiebra en alguna ocasión la voz. «A lo mejor (continué) por orgullo... o por las ganas de ayudar que tenía».

Las 15 familias afectadas por el supuesto fraude han presentado una denuncia ante la Fiscalía del estado de Oaxaca, pero además pretenden resolver el conflicto según los «usos y costumbres» propios de su cultura zapoteca: «Hasta que no devuelva el dinero, no sale», sentencian los vecinos.

Los usos y costumbres son una forma jurídica recogida por la Constitución mexicana para preservar las tradiciones de comunidades indígenas que les permite cierta autonomía política y de justicia. Chicapa de Castro es una agencia municipal dependiente del municipio de Juchitán en el cual rige la justicia «oficial» mexicana. Por lo tanto, legalmente, esta localidad «no tiene autoridad para regirse por usos y costumbres», declaró a este medio un funcionario del Gobierno de Oaxaca, pero «de facto» se está aplicando.

Uno de los damnificados es Samuel Pineda, que se lamenta de su decisión. «Fui tonto y le entregué el dinero». Otros le entregaron materiales, cemento, e incluso aportaron su mano de obra. También le entregaron dinero recaudado de rifas y de la venta de comida e incluso “«e regalaban comida, le planchaban su ropa, lo tenían como a un rey», comenta Diana Manzo, enviada del diario «La Jornada» a Chicapa que también recoge el testimonio de Emma Saavedra, quien derribó su vivienda por consejo del español. «Le dijo que la suya ya no servía, bajo la promesa de construir una nueva. Desde entonces, ha tenido que alquilar otra vivienda y asumir el coste».

Iván Mouriz residió durante varios meses en el pueblo, en una vivienda que le facilitaron los vecinos, mayoritariamente de confesión evangelista.

El español ya ha pasado más de una semana retenido y, el pasado miércoles, cumplió el plazo de 48 horas que le habían dado para recaudar el dinero que le reclaman a través de sus familiares y amigo. Como no lo consiguió, le ampliaron el plazo dos semanas más y este vence el próximo 15 de agosto.

A día de hoy el futuro de este ciudadano español es una incógnita y aunque parece difícil que esta situación se prolongue mucho más, la postura de los afectados es clara, quieren su dinero. «En cuanto nos pague lo liberamos, mientras tanto así lo vamos a tener».