Soria: «La empresa sólo ve relación con seísmos inferiores a tres grados»

El ministro de Industria, Energia y Turismo, José Manuel Soria, ha explicado este martes que el Gobierno el Gobierno "solo se guiará por los informes y criterios del Instituto Geológico Minero Español (IGME", que aún no se sabe cuando estarán listos, sobre la seguridad del almacén de gas de Castor y que hasta que no se disponga del informe no se puede con obtener una conclusión sobre la seguridad del almacén.

En este sentido, ha reiterado este martes que "no habrá autorización para reabrir la actividad"del almacén de gas del proyecto Castor frente a las costas de Vinars (Castellón) hasta que no haya un "informe convincente"de que existen "plenas garantías de seguridad para la población". Por ello, ha recalcado que quien debe decidir sobre la seguridad de la plataforma es el informe de los expertos.

El ministro ha realizado estas declaraciones en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana (Valencia) después de visitar la planta en helicóptero junto con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Paula Sánchez de león.

Preguntado por quién sería el responsable de pagar el coste en caso de que se decidiera el cierre de la planta, el ministro ha señalado que el Ejecutivo no se plantea esa hipótesis. "Esa hipótesis nosotros no nos la hemos planteado porque ahora mismo estamos en determinar qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado y que en el futuro se nos pueda decir por parte de los técnicos si puede o no haber plena seguridad para la población en caso de que se abra", ha dicho. En todo caso, ha advertido de que "si no hay plena seguridad, no se va a abrir. "Ningún otro tipo de hipótesis hemos contemplado en estos momentos, ha insistido.

Insistido en la hipótesis de que se tuviera que cerrar qué ocurriría y quién debería pagar, si sería el Estado, ha incidido en que es una hipótesis que no se está contemplando "ahora mismo"porque, según ha subrayado, están trabajando en determinar si la actividad del proyecto puede ser o no segura para las personas. "Es lo que importa al Estado y al conjunto de las administraciones públicas", ha dicho.

Soria ha puesto de relieve que la empresa Escal, propietaria de la empresa de almacenamiento, les ha comunicado en la visita que los expertos sostienen que los movimientos sísmicos registrados en la zona calificados con una intensidad de 3 en la escala de Richter, tienen relación "directa"con la actividad de almacenamiento de gas en las instalaciones subterráneas, mientras que en los de escala superior, las causas estarían en el movimiento de alguna falla que la compañía descarta que sea la de Amposta, sobre la que sitúa el proyecto.

El titular de Industria ha explicado que han visitado la plataforma marina para que les explicaran "exactamente qué ha ocurrido"en el procedimiento de inyección de gas, y ha reiterado que las administraciones públicas están analizando qué ha pasado y las posibilidades de que pueda ocurrir de nuevo este hecho en el futuro.

"Es muy claro que ha habido movimientos sísmicos en los últimos meses, algunos de una magnitud mayor y otra menor", ha recordado Soria, quien ha apuntado que la empresa les ha trasladado que los expertos sostienen que en los de magnitud inferior, calificados con una escala de tres, ven "relación directa"con el proyecto de inyección de gas en el almacenamiento.

Sin embargo, ha señalado que cuando se trata de buscar la razón de

a los movimientos sísimicos de magnitud superior, "entonces, de acuerdo con los expertos, según nos ha dicho la empresa, habría que buscar otro tipo de causas que estarían en el movimiento de alguna falla". "Lo que nos traslada la empresa es que ellos descartan que haya sido como consecuencia de un movimiento en la de Amposta y considera que se debe a otro", ha explicado, para recalcar que esta es la explicación de la empresa.

En todo caso, ha incidido en que el Gobierno "solo se guiará por los criterios e informes del Instituto Geológico Minero Español", y ha hecho hincapié en que mientras no haya un "informe convincente estableciendo que haya plenas garantías de seguridad para la población, no habrá autorización adicional para que la planta pueda seguir inyectando gas en el almacenamiento subterráneo".

Preguntado por si puede confirmar que el proyecto se autorizó en 2007 pese a la existencia de informes contrarios del Observatori de l'Ebre que alertaban de movimientos sísmicos de la zona, Soria ha subrayado que en este caso se siguió la tramitación procedimental "que es la que se suele seguir en este tipo de infraestructuras".

"Dentro de ese procedimiento hubo un periodo de información pública y acciones por parte de las administraciones del Estado. No tengo ningún motivo para decir que no hubo un procedimiento tal y como está reglado en la administración", ha sostenido.

Por su parte, el presidente de la Generalitat ha considerado que el hecho de que el Gobierno garantice que hasta que no se tenga el informe de los expertos la actividad en el Castor estará paralizada, es "más que satisfactorio"y ha subrayado que, con ello, queda garantizada la "tranquilidad"para las personas. Posteriormente, el Ministerio deberá decidir cómo queda la planta.

En todo caso, ha resaltado que hasta que no estén los informes no se puede adoptar ninguna decisión y ha añadido, ante la pregunta de si es un indicio de lo sucedido el hecho de que haya disminuido la intensidad y cantidad de los seísmos por la paralización de la actividad, Fabra ve una posible relación "causa-efecto"que deberán confirmar los expertos.

"Para el común de los mortales"la explicación es "suficiente", ha señalado, aunque ha hecho hincapié en que son los expertos quienes deben indicar sus conclusiones y por qué se han producido movimientos sísmicos mayores a los que se habían contemplado por parte de la empresa.