Nueva York
Desestiman la demanda del exdictador Noriega por usar su imagen en «Call of Duty»
Un juez estadounidense ha desestimado la demanda presentada por el exdictador panameño Manuel Noriega contra la empresa de videojuegos Activision por usar su imagen sin su consentimiento en ‘Call of Duty: Black Ops II’.
El magistrado William Fahey, del Tribunal Superior de Los Angeles, ha accedido así a la petición de Activision amparándose en un estatuto del estado de California con el que se pretenden evitar demandas que socaven la libertad de expresión.
Noriega presentó la demanda el 16 julio, diciendo que no supo que Activision estaba usando su imagen hasta que se lo contó uno de sus nietos, y exigió a la empresa de videojuegos una compensación económica por usar su imagen.
Además, el que fuera el hombre fuerte de Panamá reprochó a Activision que le retrate “como el culpable de numerosos crímenes atroces”, incluyendo secuestros y asesinato, para aumentar el realismo del popular videojuego.
Activision, por su parte, ha argumentado que el personaje inspirado en Noriega, uno de los 45 que aparecen en 11 misiones ambientadas en la Guerra Fría y en el futuro, está protegido por el derecho a la libertad de expresión.
Fahey ha dado la razón a Activision al considerar que el derecho a la propia imagen de Noriega se ve sobrepasado por el derecho a la libertad de expresión garantizado por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
El juez también ha argumentado que este videojuego no afecta a la reputación de Noriega. “De hecho”, ha apuntado, “dadas las amplias informaciones en todo el mundo sobre sus acciones en la década de 1980 y comienzos de la de 1990, es difícil imaginar que esa evidencia exista”, ha dicho.
Noriega fue detenido por las fuerzas de seguridad estadounidenses en 1989 cuando invadieron el país y derrocaron a su Gobierno. Estados Unidos le condenó por narcotráfico y Francia le sentenció por blanqueo de capitales. En 2011 fue extraditado a Panamá, donde cumple tres penas consecutivas de 20 años de prisión cada una por violaciones de los Derechos Humanos.
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