Un derecho contemplado en sólo tres países de la UE

A la espera de que vea la luz el proyecto de ley español, tan sólo tres pequeños países europeos contemplan en su legislación la eutanasia activa (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo). También un reducido número de Estados permite el suicidio asistido (Suiza, Alemania, Finlandia y Austria) en ciertos casos. Mientras, en la inmensa mayoría, ambas posibilidades de acabar con la vida de un enfermo están perseguidas por la ley, si bien Suecia, Reino Unido, Italia, Hungría y Noruega permiten la eutanasia pasiva bajo estrictas circunstancias. En todo caso, la disparidad legislativa en la UE, así como los vacíos legales, provocan el malestar de muchos facultativos, que temen que la muerte se convierta en un negocio.

En contraste con la permisividad en el Benelux, es muy significativo que los grandes países europeos contemplan en su Código Penal penas de cárcel para la eutanasia activa y cualquier forma de comerciar con la muerte de los seres humanos. Por ejemplo, en Francia, la ley sobre el «Fin de la Vida», o Ley Leonetti, aprobada en 2005 y reformada en 2016, sólo autoriza la sedación profunda hasta la muerte: una inyección de morfina que se aplica al enfermo en fase terminal tras dejar de alimentarlo e hidratarlo. Una praxis que causa enojo tanto en los movimientos proeutanasia como en sus detractores.

Finalmente, el país más restrictivo con toda práctica para acabar con la vida humana es Polonia, donde la eutanasia o prestar ayuda para morir a otra persona son tipificados con delitos que pueden ser castigados con hasta cinco años de prisión.