Un precedente para los menores con enfermedad terminal

El fallecimiento de Andrea, la niña gallega que sufría una enfermedad irreversible y para la que sus pedían una muerte digna, sienta desde hoy un precedente en España, después de que su caso haya reabierto el debate sobre el derecho a decidir en qué momento abandonar el tratamiento médico y poner fin a la vida.

Es la primera vez que un caso de muerte digna para una menor llega a la justicia y se resuelve de forma favorable a los deseos de la familia y en contra de la opinión del hospital en el que era atendida, aunque casos similares han trascendido a la opinión pública a lo largo de estos años.

La muerte de Andrea hace recordar la de la niña bilbaína Mercedes Rodríguez Núñez para la que, pese a estar desahuciada por los médicos desde su nacimiento y a las reiteradas peticiones de sus padres para que se le aplicara la eutanasia, ésta no fue aprobada y el 14 de enero de 1987 murió a consecuencia de complicaciones derivadas de una neumonía.

Fue en 2006, en Andalucía, cuando tuvo lugar uno de los casos más conocidos, el de Inmaculada Echevarría, que a los 51 años e ingresada por una distrofia muscular progresiva que padeció los últimos diez años de su vida, expresó su deseo de morir.

La mujer solicitó de forma oficial, a la Delegación de Salud de Granada y al hospital, la retirada del respirador que la mantenía con vida, petición que fue avalada, en febrero de 2007, por el Comité Ético de la Junta de Andalucía y del Consejo Consultivo Andaluz.

Estos organismos consideraron que el caso de Inmaculada se encuadraba en un caso de limitación del esfuerzo terapéutico -un derecho reconocido en la ley estatal de autonomía del paciente y en la ley de salud de Andalucía- y no de eutanasia, práctica prohibida en España por el Código Penal junto con el suicidio asistido.

No obstante, a petición de la Orden Religiosa que gestionaba el hospital de Granada donde se encontrada, la mujer fue traslada al de San Juan de Dios (dependiente del servicio andaluz de salud) para que pusieran fin a su vida el 14 de marzo de 2007.

El caso de Inmaculada contribuyó a que la Junta aprobara en 2010 la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, convirtiéndose en la primera comunidad autónoma en legislar sobre la muerte digna.

Un año después a la aprobación de esta norma, Andalucía obligó al hospital Blanca Paloma de Huelva a retirar la sonda nasogástrica a Ramona Estévez, de 90 años, en coma irreversible tras un infarto cerebral. La mujer murió el 6 de septiembre de ese mismo año.