Eutanasia en España, la propuesta del PSOE

La propuesta del PSOE para despenalizar la ayuda a morir a enfermos terminales superó ayer en el Congreso su último escollo. El Partido Popular se quedó solo en el rechazo a una iniciativa que, a su juicio, ayudará a «matar a los que sufren».

La ley que despenalizará la eutanasia en España superó ayer su último gran obstáculo en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular no logró sumar ningún apoyo –salvo el de UPN y Foro Asturias– a la enmienda a la totalidad con la que el grupo presidido por Pablo Casado intentó frenar el texto legislativo impulsado por el PSOE: 208 diputados –PSOE, Podemos, Cs, ERC, PNV y Grupo Mixto– se alinearon con la propuesta socialista. La ley continuará su tramitación y, tras el debate de enmiendas al articulado, será aprobada por la mayoría de la Cámara.

La futura ley socialista

La proposición de ley del PSOE permitirá a España equiparar su legislación con países europeos que ya la han despenalizado como Bélgica y Holanda. Este texto es fruto de uno de los compromisos adquiridos por Pedro Sánchez cuando aún era el líder de la oposición. Su regulación implica que la eutanasia se incorpora a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Será financiada con dinero público aunque su prestación quedará garantizada también en centros privados –será de aplicación, por tanto, también en las mutualidades y aseguradoras que ofrezcan sus servicios en España– e, incluso, en el domicilio del paciente. El paciente solicitará el inicio del procedimiento tras la toma de «una decisión autónoma». Además de ser mayor de edad y en plena capacidad de obrar y decidir, es necesario que solicite esta ayuda de forma consciente e informada. Para garantizar que no se altera la voluntad real del enfermo, el documento, según la iniciativa socialista, tendrá que ser firmado en presencia de un profesional sanitario, que también lo rubricará. Sólo será aplicable la eutanasia en casos de «enfermedad grave e incurable o de discapacidad grave crónica causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables». La muerte provocada por la aplicación de esta ayuda tendrá consideración de muerte natural, a efectos también de los seguros de vida.

Respecto a las garantías que han incorporado los impulsores de la ley, se establecen varios filtros médicos, plazos concretos y la creación de una comisión de seguimiento. Los médicos responsables de la autorización y aplicación de la eutanasia tendrán que garantizar que el caso se ajusta a los supuestos previstos en la ley y la ausencia de coacciones. Dentro de sus competencias, será obligatorio también que consulten a otro facultativo que no forme parte de su equipo y sea especialista en las patologías del enfermo. Desde que el solicitante firme la petición de esta ayuda hasta el pronunciamiento final de los médicos no podrán haber pasado más de 32 días. La iniciativa reconoce a los sanitarios ejercer la objeción de conciencia. Para ello, se creará un registro con los datos de todos los profesionales objetores.

La alternativa del PP

Con la propuesta sometida ayer a votación, los populares buscaron reafirmar su «no rotundo» a la eutanasia y su apuesta por mejorar la implementación de los cuidados paliativos en casos de enfermedades terminales. La enmienda a la totalidad de los de Casado estaba conformada en su mayor parte por las leyes aprobadas en esta materia en Madrid y Galicia, precisamente por gobiernos autonómicos populares. Se da la circunstancia de que, en estos momentos, se encuentra ya en tramitación una proposición de Ciudadanos en torno a derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida –conocida como Ley de Muerte Digna– y ello fue utilizado por el resto de grupos para afear a los populares el contenido de su enmienda. En este contexto, la alternativa del grupo popular proponía facilitar la humanización del proceder médico asistencial, la defensa de la bioética y el modelo deliberativo en el proceso de toma de decisiones relacionada con los cuidados paliativos. Incluía este texto, por ejemplo, el derecho de los pacientes a negarse a recibir una intervención o un tratamiento, sin que ello suponga un menoscabo en su su atención sanitaria. También estaban incluidos el derecho a formular instrucciones previas por parte del paciente, los derechos de los enfermos en situación de incapacidad y el recurso a la sedación paliativa.