Violencia de género: El caso Juana Rivas se cuela en el Pacto

Hoy se firma el primer acuerdo de la Legislatura. El PSOE emite un voto particular para solicitar que los casos de sustracción de menores donde haya malos tratos se lleven en los juzgados especializados. Sólo han conseguido añadir por consenso a las medidas ya acordadas que madres de hijos asesinados sean consideradas víctimas.

Hoy llega al Pleno del Congreso el Pacto de Estado de Violencia de Género que se acordó el pasado 28 de julio en la Comisión de Igualdad, tras meses de debate de todos los partidos políticos y con la única abstención de Podemos, que hoy se repetirá. LA RAZÓN ya adelantó las medidas del acuerdo. Lo que se espera que ocurra esta mañana es que la presidenta de la Comisión lea el informe y, acto seguido, cada grupo utilice los siete minutos que le corresponden para exponer los votos particulares que emiten y que, por falta de consenso, no se han incluido dentro de las 213 medidas.

El grupo socialista es de los que más votos particulares va a enumerar, al margen de uno que han conseguido acordar con todos los partidos políticos y es que las madres de hijos asesinados serán víctimas de género. Es una propuesta consensuada, a iniciativa del PSOE, para que se reforme la Ley Integral de Violencia de Género y se reconozcan como víctimas directas a estas madres y, así, tengan acceso a la asistencia, ayuda y protección previstas en la legislación.

Éste será el único aspecto aceptado por todos los diputados. Entre la docena de propuestas que explicarán los socialistas, una de ellas está directamente ligada con el caso de Juana Rivas, la mujer de Maracena (Granada) que abandonó su casa de Italia con sus hijos por presuntos malos tratos y cuya ex pareja la denunció por secuestro de menores. «Proponemos que en los casos de sustracción parental en los que exista violencia de género sean los juzgados especializados los que se ocupen de estos casos», explica a LA RAZÓN la portavoz socialista Ángeles Álvarez. Recuerda que esta iniciativa ya la plantearon en enero, pero ahora la trasladan como voto particular dentro del Pacto.

Otra medida que se planteará por parte socialista es una reforma más contundente del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para suprimir la dispensa de la obligación de declarar contra su cónyuge, así como suprimir el atenuante de la confesión para este tipo de delitos y la preceptividad de la asistencia letrada antes de la interposición de la denuncia. De acuerdo con Álvarez, «se debe ser más contundente en este punto. Lo consideramos fundamental y así se lo haremos saber al Gobierno ya que es la principal prueba de cargo y desincentiva a la víctimas a que denuncien».

Otro de los 12 votos hará referencia a la custodia compartida. «Consideramos que se debe hacer una comisión sobre las consecuencias de la imposición de estas custodias cuando no hay acuerdo entre los progenitores. No está siendo un modelo exitoso en todas las comunidades autónomas», sostiene Álvarez que insiste en la necesidad de que «prevalezca el interés superior del menor». Otro de los puntos que enunciarán mañana y que tampoco consiguió consenso en la subcomisión es que «se combata la industria del sexo y que se penalice cualquier proxenetismo lucrativo porque la prostitución es otro tipo de violencia».

En lo que se refiere a la protección de las víctimas en el ámbito rural, «solicitamos que se incluya a Policía especializada en puestos y unidades territoriales, ya que es donde se realizan las valoraciones del riesgo». Otro planteamiento que los socialistas consideran importante y que no se ha incluido dentro de las medidas es que «sea efectivo el derecho a la reparación del daño y a las indemnizaciones. Para que no se repita un caso como el de Ángela González Carreño», recuerda la diputada. Esta madre perdió a su hija de siete años en 2003, cuando la asesinó su padre maltratador durante una visita acordada por un juez. La ONU condenó a España por negligencia.

Álvarez insiste en que «los votos que no salgan adelante los convertiremos en iniciativas parlamentarias». Y afirma que «nos preocupa la celeridad de la puesta en marcha de las medidas». Por ello confirma que solicitarán que en el primer presupuesto que se haga se ejecute una quinta parte de los 1.000 millones de euros prometidos por el Gobierno –200 millones–, ya que se comprometieron a repartirlos en cinco años.

En lo que respecta al resto de grupos, Unidos Podemos va a mantener su enmienda a la totalidad, por lo que repetirán su abstención en la votación definitiva. «En estos momentos, sabiendo que nadie va a apoyar nuestra enmienda, ni ninguna otra propuesta, ese será nuestro voto», explicó a Efe, Ángela Rodríguez. Sostienen que el Pacto «tiene medidas que están bien pero es insuficiente y no tiene garantía presupuestaria, ni de ejecución y no se sabe cuándo se van a poner en marcha y más ahora que se han aplazado los presupuestos», añade.

Ciudadanos sí que va a emitir un voto particular. Como explica su portavoz, Patricia Reyes, «querríamos que no sólo se definieran todos los tipos de violencia, sino que se deberían incluir dentro de la ley general para cumplir con el Convenio de Estambul como es la violencia sexual». Sin embargo, destaca la importancia de que se haya conseguido un paquete de medidas consensuadas. El Grupo Mixto también planteará tres votos particulares.

Por su parte el Partido Popular no emitirá ninguno. «Es el primer Pacto de Estado que se cierra en la Cámara», hace hincapié su portavoz Carmen Dueñas.