El blockchain sí une al Congreso

El Congreso ha reclamado por unanimidad la elaboración de una regulación que favorezca la innovación y la tecnología Blockchain, que sustenta criptomonedas como el bitcoin, revisando las normativas que pudieran afectar al desarrollo de esta tecnología y favoreciendo su introducción al mercado «mediante entornos controlados de pruebas», informa Europa Press.

Así, la proposición no de ley de Ciudadanos, pactada finalmente con el PP, ha obtenido el respaldo de todos los grupos presentes este miércoles en la Comisión de Hacienda y Función Pública de la Cámara Baja, a saber, PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PNV y Compromís.

La iniciativa pide fomentar las ventajas que esta tecnología ofrece en ahorro de costes y ausencia de intermediación para la realización de pagos y transferencias, así como para la financiación de las empresas, especialmente en el caso de ‘startups’. Asimismo, pide el apoyo a iniciativas que busquen construir redes de tecnología Blockchain autorizadas.

Al respecto a las compañías que operan como intermediadora, el Congreso pide «mecanismos proporcionados y compatibles» con el desarrollo de las nuevas tecnologías para asegurar que estas cumplen con sus obligaciones de información con Hacienda y tributen así sus rendimientos de forma efectiva.

El texto aprobado por el Congreso también se refiere a los riesgos de operar con criptomonedas, reclamando «una difusión adecuada de la información sobre riesgos, derechos y garantías» que los inversores asumen al invertir «para evitar perjuicios económicos de imposible reparación, dado los antecedentes en productos financieros de alto riesgo».

En este sentido, pide al Gobierno apoyar y participar el trabajo realizado al respecto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Banco de España o los que se puedan crear en instituciones europeas, donde pide trabajar con el resto de países para «alcanzar una posición común respecto del uso y regulación de los criptoactivos».

Por último, pide aprovechar el grupo de trabajo para la estrategia nacional de transformación digital en el estudio de una nueva regulación y la creación de una Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero, en la que unificar y reforzar los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros). EP