Wert: «Pagar colegios privados en castellano será algo excepcional»

El Gobierno adelantará el pago de la escolarización privada de aquellos alumnos que no tengan garantizado el aprendizaje en castellano en los centros públicos o concertados de las comunidades con lengua cooficial, y se lo descontará a éstas de la financiación autonómica.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha dicho hoy que el mecanismo introducido en la reforma educativa, por el que se pagará un colegio privado a los alumnos que quieran estudiar en castellano y no tengan esa posibilidad en los público y concertados, será "excepcional y transitorio".

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Wert ha destacado que se trata de una fórmula que da respuesta a las observaciones dadas por el Consejo de Estado, pero que afectará "exclusivamente"a aquellos sistemas educativos en los que se plantea el uso de una sola lengua cooficial, en concreto la propia, y no se garantiza el derecho a estudiar en castellano

Para Wert, lo que se ha hecho es "garantizar"que se hace efectivo el derecho que asiste a los padres a que el castellano pueda ser la lengua vehicular en la educación de sus hijos.

Ha dicho que el pago de la escolarización en centros privados -adelantado por el Estado y luego descontado en la financiación de la Comunidad Autónoma afectada- no repercutirá a las autonomías con modelos bilingües integrados, donde coexisten el sistema que da preferencia a la lengua cooficial pero con la posibilidad también de usar el castellano como lengua vehicular.

"Se plantea como excepcional y temporal", es un "mecanismo subsidiario"hasta que la Administración afectada "sea capaz"de ofrecer una formación en centros públicos o concertados con castellano como lengua vehicular, ha insistido.

Preguntado si los 5 millones que Educación ha calculado que se podrían necesitar para ese mecanismo, Wert ha asegurado que no se trata de la cantidad a invertir en las 17 familias que, según la Generalitat, han pedido enseñanza en castellano en Cataluña, ya que "sobrarían algunos euros", ha comentado.

Sobre la memoria económica -suponen unos gastos en el primer año de implantación de 22 millones de euros, 130 en el segundo año y 255 en el tercero-, el ministro ha señalado que responden a los costes de la nueva FP y de los itinerarios hacia ésta y Bachillerato al final de la ESO.

Ambos puntos buscan reducir el fracaso escolar y el desempleo juvenil, por lo que el ministro cree que responden al marco del Fondo Social Europeo, el cual podría financiar hasta el 65 % de los costes directos de la Lomce.

Ha mostrado su oposición a las críticas sobre que la reforma educativa vaya a ser aprobada en el Congreso gracias sólo a la mayoría del PP, y ha recordado que la LOE fue aprobada en 2006 con 181 votos -52 % del total- y "nadie ha objetado su legitimación democrática".

Otros puntos explicados por el ministro se refieren a que la asignatura de Religión, obligatoria pero optativa a otra sobre Valores en Primaria y Secundaria, será evaluable en las notas ordinarias, siguiendo los acuerdos con la Santa Sede.

Y el Bachillerato se mantendrá en dos años y no en tres como recogía un primer texto, por el consenso detectado en la comunidad educativa respecto a que aumentar su duración implicaría más costes para los centros y que, además, ya cuarto de la ESO es un curso que sirve de continuación de la vía académica o hacia FP.

"No vamos a abdicar de la voluntad de reformar y mejorar una situación que a los ojos de todo el mundo está necesitada de reforma y mejora", ha añadido Wert, que ha concluido subrayando que "es más importante el reconocimiento del esfuerzo que el de la excelencia".

El Gobierno adelantará el pago de la escolarización privada de aquellos alumnos que no tengan garantizado el aprendizaje en castellano en los centros públicos o concertados de las comunidades con lengua cooficial, y se lo descontará a éstas de la financiación autonómica que les corresponda.

Es la fórmula que el Ministerio de Educación propone en el proyecto de reforma educativa, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, para preservar, según fuentes del departamento, el derecho de aprender en castellano y en lengua cooficial como lengua vehicular.

Los padres afectados reclamarán primero a la administración educativa autonómica y luego, si no se consideran satisfechos, a la Alta Inspección del Estado, dependiente del Ministerio de Educación, que abrirá una investigación del caso, en la que la comunidad podrá presentar alegaciones.

Si el ministerio considerara que, en efecto, no se garantiza la escolarización en cualquiera de las dos lenguas -castellano o cooficial-, adelantaría el pago de la matriculación en un centro privado hasta que la comunidad resolviese la situación.

Esto afectaría fundamentalmente a Cataluña -aunque el texto legislativo no nombra ninguna comunidad-, ya que su modelo es de inmersión lingüística en catalán, y no contempla escolarización bilingüe o trilingüe en centros sostenidos con fondos públicos como ocurre en otros lugares con lengua autonómica.

Las mismas fuentes han explicado que la memoria económica del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora para la Calidad de Educación (Lomce) prevé una partida anual de cinco millones de euros para la escolarización de los mil alumnos que pudieran estar en tales circunstancias, aunque han matizado que dependerá finalmente de los casos reales.

Según la Generalitat, serían solo unos 17 casos, pero las fuentes del ministerio han enfatizado que no se trata de si son muchos o pocos, sino de garantizar los derechos individuales reconocidos por la Constitución y el Tribunal Constitucional.

El Ministerio ha optado por esta regulación después de que el Consejo de Estado -órgano consultivo- indicara que el Gobierno no podía obligar a las comunidades a financiar la escolarización en centros privados -como proponía el anteproyecto legislativo- porque esto invadía competencias.

Desde el punto de vista académico, las lenguas cooficiales serán de libre configuración autonómica, con un tratamiento equivalente a las asignaturas troncales (aquellas que define el Estado, como matemáticas y lengua castellana), de tal forma que se tendrán en cuenta en las evaluaciones.

Sobre otras observaciones del Consejo, el ministerio ha decidido que la asignatura de religión y la alternativa de valores en primaria y ESO serán de oferta obligatoria para los centros y elección voluntaria por los alumnos.

No obstante, éstos también podrán estudiar la no elegida de las dos como materia optativa, con lo que se resolvería, según las fuentes, la advertencia del Consejo de Estado de que obligar a matricularse sólo en una de ellas podría ser discriminatorio.

A su vez se suprime Educación para la Ciudadanía, cuyo temario se aprenderá de forma transversal.

Los centros que eduquen por sexos separados deberán justificar que este modelo no es discriminatorio en calidad educativa si quieren optar a ser concertados.

En cuanto a la memoria económica, las fuentes han subrayado que mantienen los cálculos iniciales, si bien se ha acordado con el Ministerio de Empleo solicitar financiación del Fondo Social Europeo para sufragar entre el 50 y el 65 % de los costes directos de implantación.

Tanto la nueva FP básica como las dos trayectorias de cuarto de ESO -hacia bachillerato y FP- suponen el 95 % de los costes directos de implantación de la nueva ley, que corresponden a la administración central.

Si se tiene en cuenta la compactación de las asignaturas del bachillerato, el coste neto de la reforma para el Estado será de 23 millones de euros el primer año; 130 el segundo; y 255 el tercero.

Las comunidades deberán asumir los costes de consolidación, mayores cuantos más alumnos permanezcan en el sistema escolar y más se matriculen en FP, debido a una mayor necesidad de profesorado.

En cuanto a las evaluaciones para todos los alumnos al final de cada etapa, corresponderá a las CCAA definir las pruebas en primaria para detectar precozmente los déficit de aprendizaje; y al Gobierno, las de ESO y Bachillerato, pues conllevan la obtención del título correspondiente, como competencia del Estado.

El Ministerio calcula que la reforma se implantaría en dos cursos (tres años naturales), a partir de 2014-2015.