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Economía

Los sindicatos pararán los puertos tras perder la «guerra» del Congreso

  • Los trabajadores mantienen las ocho jornadas de paros pese a admitir que el nuevo decreto aprobado ayer deja margen a la negociación

Rajoy con De la Serna
Rajoy con De la Serna
C. Pastrano

Al segundo intento, el Gobierno ha logrado que el Congreso de los Diputados convalide el decreto ley que liberaliza el sector de la estiba. Después de que el pasado 16 de marzo la cámara baja tumbase el primer texto presentado por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el cambio de postura del PDeCAT posibilitó ayer la aprobación en un pleno extraordinario del nuevo decreto ley, que contó con 174 votos a favor –PP, Ciudadanos, PNV, Foro y UPN–, 165 en contra –PSOE, Unidos Podemos, Compromís y ERC– y las 8 abstenciones.

El diputado de los nacionalistas catalanes Ferran Bel argumentó que el cambio de opinión de su grupo no ha obedecido a ningún tipo de mercadeo de votos sino que responde a su «compromiso con Europa» y a la necesidad de «dotar de seguridad jurídica» al sector de los puertos. Bel explicó que han hablado con todas las partes implicadas en el conflicto y que, gracias a ello, han logrado introducir importantes cambios en el decreto. Entre los logros que se arroga el grupo catalán están la posibilidad de que haya un convenio puerto por puerto o la ampliación a tres años de las ayudas para la reconversión del sector. Además, dijo Bel, el nuevo decreto da las herramientas suficientes a patronal y sindicatos para llegar a acuerdos sobre el mantenimiento del empleo.

En su defensa del decreto, De la Serna explicó que el nuevo decreto contiene medidas para mejorar la competitividad de los puertos, 120 millones en ayudas para la reconversión del sector y la posibilidad de negociar convenios puerto a puerto. Esta opción, destacó, permitirá a los estibadores el mantenimiento del empleo en sus actuales condiciones, punto de fricción fundamental con los sindicatos, que una vez conocido el resultado de la votación, ratificaron las ocho jornadas de huelga que han convocado a partir del próximo miércoles [ver calendario adjunto]. Y ello a pesar de que Antolín Goya, responsable de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), reconoció que el nuevo texto deja «herramientas» para poder trabajar y negociar. El anterior texto no posibilitaba la negociación, aseguró. «Te colocaba amarrado de pies y manos», mientras que el nuevo «nos deja en una posición en la que podemos intentar resolver el conflicto», argumentó.

Goya aseguró que, pese a la convocatoria de huelga, tratarán de reunirse lo antes posible con la patronal (Anesco) –este lunes, si es posible– para abordar una posible solución al conflicto en el marco del reglamento que desarrolla el decreto ley. Este desarrollo enmarca la cuestión de la subrogación en un hipotético convenio colectivo que puede ser individual para cada puerto. El responsable sindical no cree que la amenaza de huelga, que ya tuvo importantes efectos económicos para las empresas de estiba en febrero y marzo, impida celebrar las reuniones «en la más absoluta normalidad».

Antes de que los sindicatos confirmasen los paros, De la Serna ya había solicitado en el hemiciclo, «desde el respeto al derecho a la huelga, sensatez, mesura y sentido común». El titular de Fomento recordó las consecuencias económicas que ya tuvo el mero anuncio de posibles movilizaciones las semanas previas al rechazo del primer decreto ley. En su opinión, el nuevo texto establece «bases para celebrar acuerdos y dar estabilidad al sector y a su empleo. Se pueden alcanzar en poco tiempo si hay voluntad», aseguró el ministro.

Multa a España

De la Serna volvió a recordar que la aprobación del decreto no era sólo necesaria en aras de dotar de seguridad jurídica y más competitividad al sector portuario español, sino también porque así lo exigía una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TSJUE) que ya ha desembocado en una multa de 24 millones de euros a España. Además, recordó, hay riesgo de que se haga pública de modo «inminente» una segunda sentencia que condene al Estado al pago de 134.000 euros de multa diarios.

Aunque el debate había transcurrido con calma, instantes antes de que se votase el decreto se desató una bronca con los estibadores como protagonistas. Una veintena de ellos, que ocupaban la tribuna de invitados, increparon durante su intervención al portavoz del PP en la Comisión de Fomento, Miguel Barrachina. Al grito de «¡Cállate ya!», abandonaron la cámara profiriendo gritos y haciendo aspavientos entre los aplausos de los diputados de partidos como Unidos Podemos. El último en abandonar la tribuna gritó un «¡Nos habéis vendido!» dirigido a aquellos partidos que habían posibilitado la convalidación del decreto de liberalización.

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