Política

Cataluña

El debate del 27-S: Margallo hablará en castellano y Junqueras en catalán

La política exterior centrará el cara a cara aunque no se descartan otros temas a tratar

El cara a cara televisivo entre José Manuel García-Margallo y Oriol Junqueras será el 23 de septiembre
El cara a cara televisivo entre José Manuel García-Margallo y Oriol Junqueras será el 23 de septiembrelarazon

La política exterior centrará el cara a cara aunque no se descartan otros temas a tratar

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, acordó la idea de participar en un debate electoral con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en conversación con el candidato del PP catalán a la Generalitat, Xavier García Albiol. No contó con el aval del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni tampoco con el de la dirección nacional de su partido. No es la primera vez que marca su propio camino ni tampoco que desobedece las directrices oficiales. En el Ejecutivo ven más riesgos que beneficios en su decisión personal y discrepan del mensaje que envía el hecho de que un ministro se ponga al mismo nivel que el número cinco de la lista independentista.

Ayer, Rajoy se quitó expresamente de en medio en esta iniciativa. En Antequera aseguró, respecto al polémico debate, que él está a lo que decidan los directores de la campaña a los comicios del 27-S. Balones fuera, por tanto, porque él está, en teoría, a lo que le ordenen esos responsables de la estrategia. «Yo estaré a lo que digan los directores de campaña», indicó, antes de explicar que él, por ejemplo, se limita a acudir a los actos del PP en Cataluña que deciden los responsables de la campaña de su candidato, García Albiol. El presidente visitó ayer el conjunto arqueológico de dólmenes de Antequera (Málaga) para apoyar la candidatura de este complejo a ser declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, informa Efe. Por otra parte, Exteriores aclaró a este diario que el ministro ha dado instrucciones, ante la negociación con ERC, para que se traslade a la cadena que emita finalmente el debate que hablará en castellano, aunque acepta que Junqueras le conteste en catalán porque lo entiende. Y también ha dejado ver su disposición a discutir no sólo de la política exterior y de las consecuencias diplomáticas de una declaración unilateral de independencia por parte de Cataluña. Acepta discutir de todo. Esto es lo que más suspicacias genera en las filas populares por miedo a que Margallo se salte el discurso oficial en cuestiones tan sensibles como la reforma constitucional o la financiación de Cataluña. La semana pasada Génova tuvo que intervenir para desvincular de la posición del Gobierno y del partido unas declaraciones del titular de Exteriores en las que avalaba impulsar una reforma de la Carta Magna en respuesta al desafío independentista y para recoger mejor las singularidades catalanas, y en las que propugnaba también la cesión total del IRPF.

Moncloa y Génova respondieron a estas manifestaciones advirtiendo de que el Partido Popular no llevará la reforma constitucional en su programa de las generales porque considera que no es la solución al conflicto catalán y porque tampoco cree que se dan las condiciones mínimas necesarias para impulsar un acuerdo sobre un punto concreto de reforma. Rajoy ya ha instado al PSOE, por ejemplo, a que le aclare qué quiere cambiar y para qué. En cuanto a la financiación autonómica, el otro «charco» en el que se metió el ministro de Exteriores, el PP sí llevará en su programa electoral la propuesta de modificar el modelo vigente sobre la base de las conclusiones a las que ha llegado el grupo de trabajo que está ya haciendo un seguimiento del funcionamiento del sistema que pactó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el tripartito catalán, y que el PP rechazó en su día. Pero los populares sostienen que esta reforma del modelo de financiación tiene que hacerse dentro del marco de la negociación multilateral que establece el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y atendiendo el interés de todas las comunidades autónomas. No al servicio de las demandas de una autonomía en concreto, y menos bajo su amenaza de incumplir la ley.