Sólo 50 empresas se apuntan a la Hacienda de Puigdemont

De las 150 sociedades públicas que debían firmar un convenio con la Agencia Tibutaria catalana para la independencia fiscal únicamente se ha sumado un tercio.

El Gobierno de la Generalitat aprobó el pasado 25 de abril la creación del «Programa de Homogeneización de los procesos y mecanismos internos de tramitación de tributos y las cotizaciones sociales que ingresa el sector público de la Generalitat al Estado». El objetivo de este programa es recaudar a través de la Agencia Tributaria Catalana los impuestos de más de 150 empresas públicas. El importe total de estos impuestos –IVA, Sociedades, IRPF y cotizaciones sociales– asciende, según datos de la Generalitat, a más de 4.500 millones de euros anuales, con los datos de 2015. Las 150 empresas públicas debían firmar, como primer paso, un convenio con la Agencia Tributaria Catalana antes del 15 de julio. La fecha ya ha pasado y tan sólo han firmado, según fuentes conocedoras del proceso, una tercera parte.

El Gobierno catalán no recibe más que sustos en las últimas semanas y ha tenido un fin de curso político agitado. A la crisis de gobierno que se llevó por delante a cuatro consejeros, las dimisiones en el segundo nivel, la encuesta del Centro de Estudios de Opinión que reduce el apoyo al secesionismo, al bloqueo de las veleidades separatistas en las partidas del FLA o la suspensión por parte del TC del cambio en el reglamento de la Cámara catalana que permitiría la ruptura exprés, hay que sumar ahora la reticencia de las empresas públicas a sumarse al proyecto de Agencia Tributaria propia.

Reticencias legales

Ciertamente, el acuerdo del Gobierno se ciñe a la legalidad. Trata de que las empresas públicas se sumen a la Agencia Tributaria Catalana pagando en ella sus impuestos como primer paso para «dar servicio a corto/mediano plazo a las entidades que integran el sector público de las administraciones locales de Cataluña y a las universidades catalanas». En conclusión, el acuerdo de Gobierno trata de poner las bases para tener los datos fiscales de todas las empresas públicas catalanas y consolidar así una estructura preparada y ágil que permitiera sumar, en caso de una supuesta independencia, al resto de entidades públicas catalanas como pueden ser, por ejemplo, los ayuntamientos.

Por eso, el acuerdo del Gobierno de Puigdemont calificaba su Programa de Homogeneización como de temporal, aunque sin ocultar su objetivo final «disponer de los recursos necesarios para diseñar y aplicar la estrategia definida, y al mismo tiempo, adquirir la experiencia suficiente en este ámbito para decidir, en su caso, en el futuro cuál será la fórmula jurídica y la dimensión de la estructura orgánica a consolidar». Es decir, el Programa de Homogeneización quiere recaudar los impuestos y tributos de las empresas públicas pensando en una futura secesión. Una vez centralizados en la Agencia Catalana, ésta puede decidir no pagarlos a la Agencia Tributaria española como hace en la actualidad, porque tendrá el apoderamiento de las empresas. «¿Quién me garantiza qué si mi empresa no paga, no tendré implicaciones jurídicas?», apunta un directivo de una entidad, «porque nosotros liquidaremos los impuestos, pero no llegarán al receptor final. Eso es un problema».

El programa que tiene un presupuesto cercano a los tres millones de euros en el período 2017-2020, ha fallado en sus inicios. Sólo 50 empresas han firmado el convenio en el que se formaliza su adhesión al programa. «Hay reticencias en muchas empresas públicas que no han firmado porque han pedido informes jurídicos», apuntan fuentes de las empresas reacias a esta firma. El hecho de que no se cumpla este primer plazo pone en duda el siguiente. Antes del 15 de septiembre, todas las entidades afectadas deben apoderar a la Agencia Tributaria de Cataluña para poder realizar sus trámites por vía telemática. Este es el momento clave, el momento en el que la ATC tendrá el control de pagar, o no, los impuestos liquidados.

Según los documentos de la Consejería de Economía, el programa se pone en marcha porque «actualmente no existe un protocolo de actuación homogéneo de las entidades del servicio público de la Generalitat». Sin embargo, de momento no tiene el respaldo de «las entidades con participación mayoritaria de la Generalitat», que deberían sumarse al proyecto de forma directa. Las entidades vinculadas o participadas por la Generalitat, las entidades públicas de las administraciones locales o las Universidades públicas catalanas pueden realizar esta adhesión de forma voluntaria. Desde hace años, la Generalitat promueve campañas, junto con la Asamblea Nacional Catalana, para que ayuntamientos y particulares paguen sus impuestos en la Agencia Tributaria Catalana. El resultado hasta el momento ha sido más que penoso. Apenas un centenar de personas y un escaso puñado de ayuntamientos se han ido sumando al plan independentista. Ahora, los problemas se plantean en las empresas del sector público, gestionadas aparentemente por personas próximas al gobierno y al proyecto separatista.

«El proyecto del Gobierno cumple las normas de la más estricta legalidad», apuntan fuentes conocedoras de la situación, pero en «los gestores de las empresas han surgido dudas y quieren dotarse de los informes jurídicos necesarios y del apoyo de sus consejos de administración antes de tomar decisiones», comentan estas mismas fuentes afectadas. «El proyecto se enmarca dentro de las competencias actuales, es verdad, pero a nadie se le escapa cuáles son las intenciones», remachan.

Con los problemas actuales, se hace difícil pensar que la operativa prevista para el próximo 15 de septiembre esté en condiciones de ponerse en marcha porque «algunas empresas alegarán el inicio de las vacaciones para retardar sus movimientos». Se trata de otra incógnita en el proceso separatista que, además, afecta directamente a los impuestos. Un golpe, sin duda, para Oriol Junqueras, el responsable de la economía catalana.