El fiscal acusa a Forcadell de buscar «dinamitar» la Constitución

Se querella contra ella por «usar la fuerza de los hechos» para impulsar desde su cargo el «procés»

«La querellada posibilitó la aprobación de una resolución que de manera expresa trata de desvincular a las Instituciones de la comunidad autónoma de Cataluña del sistema constitucional, dinamitando el sistema de distribución de competencias establecido en el modelo de ordenación territorial del Estado» recogido por la Constitución y, para ello, usó «arbitrariamente las potestades de que estaba investida como presidenta del Parlament» con el fin último de someter a votación, «con cabal conciencia de que con su pronunciamiento impulsaba un trámite constitucionalmente ilegítimo», la propuesta de la CUP y Junts pel Sí de avanzar en el «proceso de desconexión», pese a que el Tribunal Constitucional ordenó en diciembre del 2015 que no se podía tramitar tales iniciativas. Así, buscaba «dinamitar» la Constitución. Son los principales argumentos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la querella que presentó ayer contra la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, por los delitos de desobediencia y prevaricación, que le podrían llevar a la inhabilitación para cargo público. Se parte de que Forcadell decidió ampliar el orden de día del pleno del 27 de julio, donde se debatieron las conclusiones de la Comisión de Estudio en las que se instaba a avanzar en el «procés», pese al informe de los servicios jurídicos de la Cámara, en los que se advertían de las implicaciones que podía tener, y a que tal decisión «contravenía frontalmente» la sentencia de diciembre del TC y el auto del mismo tribunal , donde se prohibía impulsar o tramitar ese tipo de iniciativas secesionistas. Por ello, la presidenta del Parlament, manifestó «una voluntad inequívoca e irreversible de llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados.

Como resumen, la presunta actuación delictiva de Forcadell vendría limitada por dos aspectos nucleares: negativa «abierta» a dar el «debido cumplimiento» las resoluciones del TC –lo que encajaría en el delito de desobediencia– y en que, para consumar lo anterior, usó «arbitrariamente las potestades de que estaba investida» que posibilitaron la votación de las conclusiones de la «Comisión de Estudios», pese a su «contradicción flagrante con la Constitución» –integraría el delito de prevaricación–.