Devorando los excedentes

En los años más duros de la crisis, los ayuntamientos fueron las únicas administraciones que amasaron un cierto superávit presupuestario que permitió compensar, aun modestamente, el gigantesco déficit del conjunto de las cuentas públicas. Este superávit fue consecuencia del control indirecto de los consistorios por parte del Ministerio de Hacienda, que prohibió la emisión de nueva deuda salvo autorización expresa del propio ministerio. A su vez, tras la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera, también se sometió a las corporaciones locales a la famosa regla de gasto, por la cual se impide que los desembolsos municipales se incrementen cada año a una tasa superior al crecimiento esperado del PIB para el largo plazo.

Conforme la recuperación ha ido proporcionando nuevos recursos financieros a los ayuntamientos y los controles de Hacienda se han ido relajando, los consistorios han comenzado a fundirse el superávit. Ayer mismo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) denunció que los 16 mayores ayuntamientos de España reducirán casi un 40% su superávit en 2017: en concreto, pasarán de un superávit de 1.784 millones en 2016 a uno de 1.075 millones en 2017.

La caída más importante en términos absolutos será la del Ayuntamiento de Madrid, que contraerá su superávit desde 1.115 millones a 622 (minoración del 44,3%), pero en términos relativos muchas otras corporaciones se comportan incluso peor que la madrileña: el Ayuntamiento de Valladolid (gobernado por el PSOE) lo recortará en un 71,5%; el Ayuntamiento de Barcelona (gobernado por Barcelona en Comú) lo disminuirá en un 77,1%; y el de Córdoba (gobernado por el PSOE) lo menguará en un 79,6%. Es decir, conforme regresan las vacas gordas, nuestros políticos vuelven a las viejas andadas de incrementar los gastos a costa de un mayor endeudamiento o de un menor ahorro financiero.

Quienes creemos en las bondades de la autonomía local no tenemos nada que objetar a que los ayuntamientos, de manera descentralizada e independiente, incrementen sus gastos si consideran que existen necesidades insatisfechas entre sus conciudadanos. Sin embargo, para que esa autonomía local sea efectiva resulta imprescindible que, en primer lugar, también exista autonomía a la hora de recaudar sus fuentes de financiación y, en segundo término, que el Gobierno central no se comprometa implícitamente a rescatar a aquellos consistorios que caigan en la insolvencia debido a su sobreendeudamiento. Ninguna de ambas condiciones se cumple a día de hoy, de modo que la autonomía municipal en materia de gasto va acompañada de incentivos perversísimos hacia la irresponsabilidad presupuestaria: de ahí que, una vez suavizadas los controles centrales, los gobernantes más manirrotos se hayan lanzado de cabeza a devorar el superávit acumulado.