AENA

La hora de los cambios

La Razón
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AENA no es una empresa privada, pues la mayoría de su capital social sigue estando en manos del Estado. AENA tampoco es una empresa sometida a la competencia del mercado, dado que sigue controlando la práctica totalidad de los aeropuertos existentes en España.

Los monopolios sienten una tendencia irresistible a explotar al consumidor, dado que éste carece de otras alternativas para escapar de sus desmanes. En los monopolios privados, los beneficiarios de este proceso de explotación suelen ser los accionistas. En los monopolios públicos, ante la inexistencia de accionistas privados, los beneficiarios suelen ser aquellos grupos de presión internos (gerentes, trabajadores, proveedores, personal especializado, etc.) que logran organizarse para parasitar los frutos que genera la empresa.

La huelga de El Prat, así como la amenaza de huelga en el resto de los aeropuertos españoles, son sólo una manifestación de la presión ejercida por un lobby interno (sindicatos y consejos de empresa) para apropiarse de parte de las ganancias monopolistas generadas por AENA. Estas luchas intestinas entre los distintos grupos de interés acreditan que el proceso de privatización parcial emprendido en el año 2013 fue pésimamente ejecutado. Por un lado, el Gobierno optó por no romper el monopolio de la compañía, lo que ahora impide que aparezcan aeropuertos alternativos a aquellos otros que estén siendo mal gestionados.

Por ejemplo, los aeropuertos de Reus y de Gerona podrían, en parte, haber suplido las carencias del de Barcelona durante la huelga de los empleados de seguridad (el aeropuerto de Reus se halla a 105 kilómetros del de Barcelona y el de Gerona a 90 kilómetros; en comparación, el de París Beauvais se ubica a 88 kilómetros de la capital francesa) pero para ello, habría sido necesario que estas infraestructuras fueran propiedad de compañías distintas a AENA.

Sólo así, con dispersión de la propiedad entre los aeropuertos españoles, se habría instalado una auténtica competencia entre ellos.

Por otro, el Gobierno popular no sólo optó por conservar el monopolio de AENA, sino también por no privatizar la compañía enteramente, preservando así el modelo de gestión politizado en ella. Las empresas públicas mal gestionadas no sufren el castigo de los consumidores maltratados, puesto que en último término son rescatadas por los contribuyentes.

En definitiva, el Gobierno no ha de limitarse unicamente a dar explicaciones en el Congreso por el desastre gestor de AENA durante los últimos meses. También debe transformar el actual modelo de empresa pública, privatizándola, liberalizándola y despolitizándola.