Artur Mas debe responder ante la Justicia

La respuesta que dio ayer el Gobierno de la Generalitat de Cataluña al anuncio de que Artur Mas deberá declarar en condición de imputado por la consulta independentista del pasado 9 de noviembre –como adelantó LA RAZÓN el pasado sábado– explica con claridad la voluntad de persistir en su intención de incumplir la Ley. Calificar de «juicio político» a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) es un menosprecio a nuestras leyes y una grave irresponsabilidad. Entrar en esta deriva no sólo sirve para alimentar la estrategia nacionalista de la persecución política y el martirologio, sino que busca distraer la verdadera cuestión en litigio: que el llamado «proceso de participación» fue suspendido por el Tribunal Constitucional. Que Mas haya dado reiteradas muestras de desobedecer las leyes que despectivamente denomina «españolas» –las mismas que promovieron el autogobierno de Cataluña– no le exime de cumplir las leyes. De ser así, sólo cabe la actuación del Estado de Derecho en defensa propia y asumir todas las responsabilidades. Mas y el nacionalismo insurgente que él inexplicablemente sigue liderando deberían saber que las resoluciones del TC son vinculantes para la Generalitat por su carácter de poder público. Éste y no otro fue el motivo por el que el fiscal superior de Cataluña formuló una querella por la «posible comisión de los delitos de desobediencia, usurpación de atribuciones judiciales (contra la división de poderes), prevaricación y malversación de caudales públicos». Elucubrar sobre la oportunidad de citar a declarar a Mas semanas después de que consumara su «plebiscito» y anunciara que se aplicará la «hoja de ruta» hacia la independencia es desligitimar a la Fiscalía de Cataluña y poner en duda su imparcialidad. Suponemos que no era esta la intención del ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuando ayer dijo que no era conveniente que coincidieran el anuncio de la imputación con las elecciones. No olvidemos que fue la Fiscalía quien presentó la querella contra Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, y no un partido político. La suspensión decretada por el Constitucional no dejaba margen de duda y afectaba a todas las actuaciones que contribuyeran a impulsar el referéndum, sin embargo Mas se jactó de incumplir la Ley, ya no por las acciones administrativas y políticas de la Generalitat, sino al autoinculparse cuando la misma noche del 9-N dijo que «si buscan un responsable, soy yo». El próximo 15 de octubre, Artur Mas tiene la oportunidad de explicar ante el TSJC por qué burló la Ley. Las pruebas son evidentes, como recogió la Fiscalía: usó medios y fondos, envió una carta con membrete de la Generalitat a todos los votantes de Cataluña, imprimió siete millones de papeletas, usó centros de enseñanza y otras instituciones públicas para las votaciones y exigió a las emisoras de radio y televisión privadas la emisión gratuita de los anuncios de campaña. Como en las elecciones del 27-S, Mas ha jugado con toda la confusión posible: si ahora ha confundido unos comicios autonómicos como un plebiscito, ya el pasado 9-N pretendió ocultar un referéndum en el que se votaba la independencia de Cataluña (así quedó explícito en aquella rocambolesca doble pregunta) con un «proceso participativo». Conviene, por lo tanto, no caer en los enredos semánticos del nacionalismo. El presidente de la Generalitat se enfrenta ahora a la Ley, que tanto y tan ufanamente ha despreciado. Ésa es la herramienta que el Estado de Derecho tiene para defenderse.