El Salvador embarga propiedades a exministro de Justicia

(AP). El Ministerio Publico salvadoreños embargó el martes tres propiedades del exministro de Justicia y Seguridad Pública, René Mario Figueroa, que están valoradas en 645.000 dólares y supuestamente adquirió producto de actividades ilícitas cuando ejerció funciones en el gobierno del expresidente Tony Saca (2004-2009).

El jefe de la Unidad Especializada de Extensión de Dominio de la Fiscalía, Víctor García, explicó a los periodistas que dos de estas están ubicadas en lujosas residenciales del departamento de La Libertad, en la periferia oeste de la capital y otra en el municipio Concepción de Ataco, departamento de Ahuachapán, uno de los lugares turísticos más cotizados del país.

García informó que el exministro Figueroa está siendo procesado por el delito lavado de dinero y que durante la investigación patrimonial “se ha determinado que los inmuebles que se estaba incautando, no tienen origen lícito”.

El octubre de 2019, el Ministerio Público embargó a Figueroa y su esposa Cecilia Alvarenga de Figueroa, cuatro inmuebles, dos empresas y cuentas bancarias cuyo valor suma unos tres millones de dólares.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, que está siendo procesado en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, fue favorecido con arresto domiciliar mientras enfrenta el proceso penal. Figueroa pagó una fianza de 50.000 dólares y no puede cambiar de residencia ni salir del país.

Su esposa, que también está acusado de lavado de dinero, sigue procesada en libertad bajo medidas sustitutivas, que consisten en no cambiar de residencia, presentarse al juzgado a firmar periódicamente y tampoco puede salir del país.

Figueroa desempeñó el cargo durante el gobierno del expresidente Saca, quien cumple una condena de diez años de prisión en el penal La Esperanza, en la periferia de San Salvador, por el desvió de 301 millones de dólares de fondos públicos para favorecer a sus empresas y terceros. En septiembre de 2018 el expresidente pidió un proceso abreviado y, después de confesar sus delitos, un tribunal lo sentenció por peculado, lavado de dinero y activos.

El exministro y su esposa ya enfrentan un juicio civil por enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público les exige la devolución de más de un millón de dólares que supuestamente se habrían apropiado de las arcas del Estado.

Según la denuncia presentada por la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, durante la pesquisa se detectaron 18 irregularidades en depósitos, pagos de tarjetas de crédito y de préstamos, y compras de vehículos e inmuebles.

Este es el quinto exfuncionario de Saca procesado por corrupción.