El chavismo argumenta que no ha declarado su patrimonio y que se aloja en hoteles de lujo. «Quieren meter miedo», responde el opositor

El Gobierno de Nicolás Maduro, aun en medio de un apagón nacional que no termina, no deja de atacar a su adversario más fuerte del momento: Juan Guaidó. El líder opositor, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como «interino» de la República por más de 50 países, fue inhabilitado políticamente por la Contraloría General por 15 años, bajo el argumento de supuestos «gastos exuberantes».

La medida implicaría que Guaidó no puede presentarse a cargo de elección popular ni por designación durante tres lustros, pero no que debe entregar el cargo que ostenta actualmente. Su período como parlamentario es hasta enero de 2021, cuando en teoría entraría en efecto la prohibición. Pero la oposición defiende que en Venezuela no hay condiciones para participar en proceso electoral alguno, hasta tanto no cese la «usurpación» del Poder Ejecutivo y se legitimen las instituciones del país.

El contralor Elvis Amoroso, que ocupa el cargo designado por la Constituyente chavista de la cual él forma parte, afirmó que Guaidó realizó «91 viajes sin autorización de la Asamblea Nacional por 570 millones de bolívares, que no puede justificar con su salario de servidor público».

Añadió que desde que asumió funciones como presidente del Parlamento, Guaidó «usurpó funciones públicas» y concretó acciones con gobiernos extranjeros causando un «daño patrimonial al erario público y a la paz social». Acusó al opositor de ocultar información en su declaración de patrimonio y de recibir fondos no declarados desde el exterior. «Es un hecho notorio y comunicacional que se ha alojado en cómodos hoteles del mundo sin justificación de los ingresos sobre los cuales ha sufragado sus exhuberantes estadías», afirmó Amoroso.

Durante las declaraciones, el contralor expuso que su despacho extendió comunicaciones a Guaidó para que justificara los ingresos recibidos y aseguró que ninguno de los llamados fue atendido por el presidente del parlamento. Algo lógico, pues desde la Asamblea Nacional no se reconoce a Elvis Amoroso como contralor legítimo. El cargo debe ser designado por el parlamento, pero la constituyente chavista impuso a uno de sus propios miembros.

Justamente es el argumento que blandió el propio Juan Guaidó. «Es un personaje designado por una institución que no existe, que no está en la Constitución. Ese señor no es Contralor, por lo que no existe esa inhabilitación. El Parlamento legítimo es el único que puede designar un Contralor. A ese señor lo pusieron allí para meter miedo».

Y plantó cara: «Yo sí viajé por el mundo. A mí sí me reciben, a diferencia de ustedes. Y no solo a mí, sino también a la primera dama (Fabiana Rosales, su esposa), que ayer se reunió con Donald Trump, y la recibieron en Chile y Perú».

La inhabilitación política ha sido usada por el chavismo como instrumento para sacar del juego a sus adversarios. Leopoldo López, Henrique Capriles y Manuel Rosales, todos candidatos presidenciales, además de María Corina Machado, los líderes opositores mejor valorados en la última década, han sido impedidos de tener vida política también.

También ha ocurrido a escala regional y local, afectando a líderes opositores de todo calado a lo largo y ancho del país. Tan solo en cinco meses de 2017, doce dirigentes opositores –incluyendo alcaldes y legisladores electos– fueron inhabilitados.

La inhabilitación política, en el estamento jurídico venezolano, es una sanción accesoria a cuando un funcionario es declarado culpable de algún delito. Pero requiere de una decisión judicial firme. Desde 2004, cuando fue inhabilitado López, la Contraloría manejada por el chavismo se ha abrogado ese castigo, sin esperar a tribunal alguno.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las inhabilitaciones políticas son una afrenta a los derechos humanos de los venezolanos, al impedir el derecho a la participación política y el derecho a elegir y ser elegido.

De hecho, en 2017 la CIDH emitió una medida cautelar a favor de Capriles, como antes lo hizo a favor de López, anulando la inhabilitación. El gobierno venezolano lo ignoró, y las instituciones controladas por el chavismo, como el Consejo Nacional Electoral tampoco le han permitido volver al ruedo comicial.

Además, la Comisión Interamericana enumeró las inhabilitaciones como uno de los cuatro elementos por los cuales las elecciones de mayo de 2018 no tenían condiciones para ser libres y justas, al no permitir la competencia.