La huida de Chaves de la comisión de la Faffe y el plante de Montero, más cerca de la Fiscalía

El ex presidente del Gobierno andaluz Manuel Chaves marcó el camino. Tras una breve exposición inicial abandonó la sala de la comisión que investiga en el Parlamento autonómico la gestión de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), a la que se le había llamado en plena campaña electoral, tras negarse a contestar las preguntas que se habían preparado los diputados y pretender que éstos ni las formularan al entender que «violentaban» su derecho a guardar silencio. Luego tres ex consejeros repitieron jugada al día siguiente: Javier Carnero, José Sánchez Maldonado y Antonio Ramírez de Arellano pusieron voz a un escrito en el que se aseveraba que la comisión estaba atravesada por un interés electoral y se marcharon sin responder a nada tampoco. Ayer los integrantes de la comisión de investigación se reunieron y acordaron por mayoría trasladar lo sucedido con Chaves, Carnero, Sánchez Maldonado y Ramírez de Arellano a la Mesa de la Cámara, el órgano de dirección de ésta, para que determine si se eleva o no a la Fiscalía. Pero no sólo con ellos, también con la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, cuyo plante fue mayor al no aparecer siquiera por el antiguo hospital de las Cinco Llagas, tras agarrarse a un informe del Consejo de Estado que señala que los miembros del Gobierno central no tienen la obligación de comparecer en entes de investigación autonómicos. A esto desde la comisión replican que se la convocó en calidad de ex consejera, no como ministra de Hacienda.

Se baraja la comisión de un presunto delito de desobediencia del artículo 502 del Código Penal, pero no le corresponde al poder legislativo dirimir si se ha producido o no. De momento, se ha seguido lo que marca el punto quinto de la Resolución de la Presidencia del Parlamento andaluz, de 14 de junio de 2012, sobre Organización y Funcionamiento de las Comisiones de Investigación. «De las incomparecencias o presuntos falsos testimonios que pudieran ponerse de manifiesto en el dictamen de la comisión de investigación, la Mesa del Parlamento, a través de su Presidencia, dará traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda», se asevera en él. Y así se hará, según lo anunciado por el presidente de la comisión, Enrique Moreno (Cs). Teniendo en cuenta que los partidos que han impulsado el traslado de la decisión a la Mesa, PP, Cs y Vox, tienen mayoría en ese ente, no es descabellado que su denuncia acabe en la Fiscalía.

Distinto es lo ocurrido con los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Susana Díaz, a quienes se ha intentado hacer llegar la citación por dos veces a cada uno a su teórico domicilio sin éxito en la recogida –en el caso de la socialista además a su Grupo Parlamentario que rehusó hacerse cargo de ella–, por lo que no la han recibido de «manera fehaciente», en palabras de Moreno. De hecho, el diputado de la formación naranja desveló que justo ayer habían recibido «la devolución» del oficio con el que se pretendió requerir la presencia de Griñán, por «no habérsele podido hacer entrega» del mismo. Los diversos grupos que integran la comisión, el del PP, Cs, PSOE, Adelante Andalucía y Vox, pueden volver a proponer que se les llame para comparecer. Es más, los populares pedirán que se les cite de nuevo a los dos, cuando la comisión lo estime conveniente. Hasta entonces, este jueves está previsto que desfilen por el Parlamento otros cuatro ex consejeros, en concreto Antonio Ávila, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio.

Cruce de acusaciones PP-PSOE

La secretaria general del PP-A, Loles López, acusó ayer al PSOE-A de un claro «boicoteo» a la comisión de investigación sobre la fundación Faffe para que los andaluces «no sepan la verdad». Los socialistas, por su parte, criticaron el traslado a la Mesa de la Cámara de la decisión de llevar o no a Fiscalía a Chaves y a tres ex consejeros, porque tienen el deber «de comparecer, no el de declarar». Avisaron de que el Parlamento «puede hacer un ridículo importante» en los tribunales.