Una tierra abonada a la confrontación

«No toleraremos ningún tipo de discriminación hacia Andalucía». Del mensaje de fin de año del presidente de la Junta, Juanma Moreno, se desprende una actitud combativa con el cada vez más cercano Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, si finalmente Pedro Sánchez supera el debate de investidura. Andalucía, por tanto, se asoma a un escenario de confrontación con un Ejecutivo central de distinto color político, algo que no es nuevo en la historia reciente de la autonomía. Un primer capítulo de esta nula sintonía entre ambas administraciones ha sido la decisión del Ministerio de Hacienda de impedir que la Junta pueda salir a los mercados a buscar financiación, lo que supone, tal y como se insiste desde el Gobierno andaluz, la «intervención» de las cuentas autonómicas. Está por ver el alcance real de la medida, más allá del agrio cruces de acusaciones. Lo que está claro es que este órdago se ha producido con el Gobierno central en funciones, así que cuando eche andar el nuevo Ejecutivo se prevé que los enfrentamientos serán constantes.

Esta hostilidad, inherente a la actividad política, se ha traducido en numerosos recursos a las normas impulsadas por ambas partes, con el Tribunal Constitucional como escenario habitual. La práctica seguía un mismo patrón: se acordaba un decreto o una ley y la otra administración, tras las pertinentes críticas, anunciaba un recurso ante el Constitucional. Tan sólo en la etapa en la que la ex presidenta Susana Díaz ocupó San Telmo, desde septiembre de 2013 a enero 2019, los litigios superaron la veintena, con distinto resultado pero con un mismo denominador común: mantener viva la llama del hostigamiento.

El Gobierno socialista de la Junta recurrió, por ejemplo, la Ley de Costas aprobada por el Ejecutivo de Rajoy en 2013. La norma regulaba, entre otros, los usos de las playas y las condiciones de autorización de los chiringuitos, además de legalizar viviendas construidas en zonas marítimo-terrestres, en virtud de la anterior normativa, en las barriadas de El Palo y Pedregalejo, en Málaga, o en el centro urbano de Isla Cristina, en Huelva. El Tribunal Constitucional rechazó el recurso y consideró que la norma no vulneraba el régimen constitucional del dominio público marítimo-terrestre, las competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio o el principio constitucional de autonomía local, como alegaba la Junta. También se opuso a la normativa estatal sobre horarios comerciales, al considerar que se incumplían los requisitos de «extraordinaria y urgente necesidad» exigidos para la utilización de la figura del decreto-ley. El tribunal desestimó el recurso y reafirmó la «legítima competencia del Estado» para dictar normas básicas en materia de establecimientos comerciales. La Junta también litigó por las tasas judiciales impuestas por el Gobierno central y por las políticas vinculadas a las energías renovables.

Sin embargo, los casos más sonados los protagonizó el Ejecutivo de Rajoy, que no dudó en llevar al Constitucional cualquier norma andaluza que, a su juicio, invadiera las competencias estatales. El conflicto que más duró fue el de las subastas de medicamentos, con reiterados recursos cada vez que se convocaban. Todos fueron desestimados, desde el primero que se presentó en 2012, avalando el tribunal un sistema que, según el anterior Gobierno socialista, supuso un ahorro de 540 millones de euros en la compra de medicamentos. El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos no apuesta por este sistema y anunció, nada más llegar a San Telmo, que Andalucía se incorporará a una central de compras de medicamentos que promueve el Sistema Nacional de Salud (SNS) en la que participan diferentes comunidades autónomas para lograr precios más ventajosos que los que podrían negociar por separado.

De altura fue la polémica que se suscitó al anunciar el Gobierno central en 2013 su decisión de recurrir la Ley de Función Pública de la Vivienda, la denominada «ley antidesahucios» que promovió Izquierda Unida en el Ejecutivo andaluz. La norma contemplaba la posibilidad de acometer la expropiación de viviendas vacías a los bancos. El pleno del tribunal estimó parte el recurso presentado por la Moncloa, entendiendo que el decreto que inicialmente aprobó la Junta no solo vulneraba competencias ya reguladas por el Estado, sino que «constituye un obstáculo significativo para la eficacia de la medida de política económica» puesta en marcha por el Gobierno central.

Ambas administraciones también se enfrentaron por la regulación de la jornada laboral de los funcionarios. En 2016 el Gobierno andaluz fijó, mediante un decreto, en 35 horas semanales la jornada laboral de los empleados públicos de la Junta, frente a las 37 de la norma estatal. El Ejecutivo central recurrió y, poco antes de que expirara 2017, el Constitucional tumbó el decreto al considerar que vulneraba las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el régimen jurídico de las administraciones públicas.