«Accidentes químicos similares al de Tarragona podrían producirse en la región»

Ecologistas avisan de riesgos en Huelva y Cádiz, aunque la Junta asegura que hay planes de emergencia en todas las provincias

El pasado verano se produjo un incendio en un almacén de ácido tereftálico de una empresa de San Roque, en Cádiz
El pasado verano se produjo un incendio en un almacén de ácido tereftálico de una empresa de San Roque, en Cádiz

Las dos explosiones secas que el pasado martes sacudieron Torreforta, en Tarragona, y sus consecuencias, entre ellas tres víctimas mortales, han provocado reacciones en Andalucía, una comunidad en la que existen polos químicos en provincias como Huelva o Cádiz. El primero ocupa unas 1.500 hectáreas de la avenida Francisco Montenegro, pegada a la ciudad, y el partido Mesa de la Ría alertó ayer sobre el riesgo de que se produzcan en él «accidentes químicos similares al de Tarragona». Fueron sus integrantes los que recabaron «miles de firmas ciudadanas demandando un plan de emergencia» y que en 2014 organizaron «el primer simulacro de accidente químico» de la capital onubense para exigir a la Junta de Andalucía que «elaborara un documento que fuera difundido y protocolarizado» con la población, para que ésta supiera «cómo actuar en el caso de producirse algún incidente».

El Gobierno autonómico de entonces armó «un escueto documento, que no era más que un ‘copia y pega’ de la ley y que en ningún caso se puede considerar como un plan de emergencia», según advirtieron ayer los miembros de Mesa de la Ría. Y no se quedaron ahí. Denunciaron que, «a diferencia de Tarragona», en Huelva «no existe un sistema de aviso por megafonía ni se han realizado más simulacros ni campañas de información», cuando lo sucedido en Cataluña demuestra que «una distancia de dos kilómetros no es suficiente para evitar un desenlace como el fallecimiento de un ciudadano por la metralla de la onda expansiva que afectó a su vivienda». Pusieron el foco, además, en otra carencia: no se ha previsto «el riesgo de tsunami», que, a su juicio, habría que tenerse en cuenta por lo que ocurrió, por ejemplo, «en el desastre radiactivo de Fukushima».

Creen, en definitiva, que los onubenses «desconocen cómo actuar en cuestiones tan básicas como la permanencia en los domicilios, la evacuación de la ciudad y qué rutas transitar», como han trasladado a la Comisión Europea, que abrió un expediente de infracción que todavía permanece en tramitación.

Desde Cádiz, fuentes de la organización Verdemar-Ecologistas en Acción aseveraron a LA RAZÓN que en el Campo de Gibraltar también hay «riesgos y peligros potenciales procedentes de las industrias pesadas de la bahía de Algeciras». Quisieron poner el acento, de su lado, en «el desconocimiento generalizado de las administraciones y de Protección Civil» sobre ellos, una grieta que «es fruto de la falta de cumplimiento de las obligaciones informativas contraídas por las propias administraciones públicas y las empresas de la zona», sostuvieron. «Podríamos hablar de dejación de funciones, o de la figura legal que mejor se adapte a la situación, pues no se han puesto en marcha los mecanismos de consulta a la población que marca la normativa ni campañas comunicativas de ningún tipo ni se han implantado sistemas de avisos que se conozcan ni se ha trasladado a nadie la puesta en vigor de los Planes de Emergencia Exterior o el Territorial de Emergencia de Andalucía –de polígonos como el de Guadarranque o Los Barrios–». En ese escenario, lamentaron que los vecinos de las localidades del entorno de la Bahía algecireña tengan que «soportar ruidos, humos, vertidos procedentes de las industrias» y censuraron que «nadie atienda a las directivas europeas» que deben guiar la actuación en esta materia.

«No hay vías de comunicación de emergencia, existen fugas de hidrocarburos y otros escapes persistentes, sin que se tomen medidas definitivas. Es evidente que estamos en mano de grupos de presión, pagados por las industrias y ello conlleva la dificultad de que estas denuncias se hagan públicas», abrocharon.

Si bien, María Dolores Jiménez, jefa del servicio de Protección Civil regional, trasladó a este diario que en la comunidad «los Planes de Emergencia Exterior están elaborados para las industrias que por legislación así lo requieren en todas las provincias». Son las herramientas «llamados a coordinar todos los preventivos que haya y los operativos que vayan a actuar» en caso de accidente, así como a «mitigar las consecuencias y conseguir que la respuesta sea rápida y eficaz». Apuntó que estos planes están disponibles en la página web del Ejecutivo regional y que los hay de dos tipos: «Territoriales, para cualquier clase de emergencia», y especiales, dedicados a «riesgos concretos». De igual forma son rastreables en el sitio de internet «las recomendaciones a la población» ante amenazas químicas en las que «intervengan sustancias peligrosas». Las «más básicas» pasan por: «Matenerse en las casas, cerrar las ventanas y la ventilación, no ir a recoger a los niños para evitar caos circulatorias y no usar el móvil si no estrictamente necesario para no saturar las líneas». Jiménez matizó que, una vez detectado la naturaleza del incidente, habrá que atender a otras «específicas».

Al margen de la planificación, la Junta debe «mantener su implantación» por lo que colabora con las empresas que tienen que contar con «planes de emergencia interior» y se hacen visitas a éstas. En relación a Huelva en particular, anotó que «en la ultima comisión de protección civil» se abordó su plan» por un cambio legislativo que afectó a dos mercantiles. Se «revisaron todas las empresas del Polo» y el plan de emergencia está a la espera de «una serie de informes» para poder ser «aprobado por el Consejo de Gobierno».